Ellos se sienten dueños absolutos de todo. En los hombros de esos militares corruptos descansa la defensa de la robolucion castrista.
Pescadores de una cooperativa en Tunas de Zaza, territorio costero
al sur de la provincia Sancti Spíritus, consideran que las sanciones
impuestas a militares del Departamento de Capitanía del Puerto de la
localidad, que decomisaban embarcaciones para luego venderlas, no fueron
los suficientemente severas.
Las víctimas de los militares reclaman que se les devuelvan sus
embarcaciones que se encuentran en calidad de depósito en el puerto de
Casilda.
“Nosotros salimos peor que ellos (los militares). A ellos
prácticamente no les hicieron nada. …bajarle un grado y trasladarlos
para Cienfuegos. Uno era Mayor y lo bajaron a Capitán, y al que era
Capitán lo bajaron a Primer Teniente”, declaró Rafael Hernández Naranjo,
uno de los más de 24 pescadores perjudicados.
Aunque los medios oficiales de prensa -únicos permitidos en el país- no han informado del caso, los pescadores revelaron que los militares implicados fueron el jefe del Departamento de Capitanía de Puerto en esa región, Mayor José Ramón Ramos Delgado, el Capitán Alexander Hernández González y un suboficial del cual no dieron detalles.
Las embarcaciones decomisadas por los militares eran trasladadas al puerto de Casilda, a unos 50 kilómetros de distancia, donde unas eran vendidas y otras se las daban a otros pescadores a cambio de que les entregaran la mitad de la pesca capturada.
“Las que decomisaban se las llevaban para Casilda. Unas las daban a la mitad de captura y las otras las vendían por un valor de 14 a 15,000 pesos moneda nacional –unos 600 dólares-, a través de unos trámites que hacían desde La Habana”, explicó Pedro Rodríguez Bocour, otro de los perjudicados.
Los militares tenían otros negocios, entre ellos cafeterías y paladares, que abastecían con las entregas que les hacían los pescadores con quienes compartían los negocios.
Describen los pescadores perjudicados que todo se descubrió cuando uno de ellos vio su embarcación en Casilda. Allí le explicaron que la habían comprado, por lo que el hombre formuló una queja al Departamento de Capitanía de Puerto Nacional, que investigó los hechos.
“Aquí vino una inspección de La Habana a finales de noviembre del año pasado y descubrieron todos los negocios en que estaban implicados estos militares. Se dijo que serían procesados por los tribunales y que a nosotros se nos devolverían las embarcaciones”, indicó Fernández, a quien le habían decomisado su embarcación desde el 3 de febrero del 2011.
Otros dos pescadores perjudicados fueron Ángel Pérez Bernal y Jesús García, quienes afirman que también han visitado diferentes instituciones gubernamentales para que se les devuelvan sus embarcaciones y nada han resuelto.
“Hemos ido a todas las instituciones de gobierno pertinentes a formular quejas para que se nos devuelvan las embarcaciones, y nos tienen es en un constante ‘peloteo’ (va y viene)”, denunció Fernández.
Aunque los medios oficiales de prensa -únicos permitidos en el país- no han informado del caso, los pescadores revelaron que los militares implicados fueron el jefe del Departamento de Capitanía de Puerto en esa región, Mayor José Ramón Ramos Delgado, el Capitán Alexander Hernández González y un suboficial del cual no dieron detalles.
Las embarcaciones decomisadas por los militares eran trasladadas al puerto de Casilda, a unos 50 kilómetros de distancia, donde unas eran vendidas y otras se las daban a otros pescadores a cambio de que les entregaran la mitad de la pesca capturada.
“Las que decomisaban se las llevaban para Casilda. Unas las daban a la mitad de captura y las otras las vendían por un valor de 14 a 15,000 pesos moneda nacional –unos 600 dólares-, a través de unos trámites que hacían desde La Habana”, explicó Pedro Rodríguez Bocour, otro de los perjudicados.
Los militares tenían otros negocios, entre ellos cafeterías y paladares, que abastecían con las entregas que les hacían los pescadores con quienes compartían los negocios.
Describen los pescadores perjudicados que todo se descubrió cuando uno de ellos vio su embarcación en Casilda. Allí le explicaron que la habían comprado, por lo que el hombre formuló una queja al Departamento de Capitanía de Puerto Nacional, que investigó los hechos.
“Aquí vino una inspección de La Habana a finales de noviembre del año pasado y descubrieron todos los negocios en que estaban implicados estos militares. Se dijo que serían procesados por los tribunales y que a nosotros se nos devolverían las embarcaciones”, indicó Fernández, a quien le habían decomisado su embarcación desde el 3 de febrero del 2011.
Otros dos pescadores perjudicados fueron Ángel Pérez Bernal y Jesús García, quienes afirman que también han visitado diferentes instituciones gubernamentales para que se les devuelvan sus embarcaciones y nada han resuelto.
“Hemos ido a todas las instituciones de gobierno pertinentes a formular quejas para que se nos devuelvan las embarcaciones, y nos tienen es en un constante ‘peloteo’ (va y viene)”, denunció Fernández.
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