La exmagistrada del Tribunal Supremo Blanca Rosa Mármol de León era la última disidente que quedaba en la corte. Su destitución convirtió la Justicia del país en monopolio del chavismo.
Por: Ludmila Vinogradoff
La jurista Blanca Rosa Mármol de León se declara disidente del régimen chavista. Nacida en Caracas en 1944, cuando fue magistrada del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela (TSJ) no le tembló el pulso a la hora de
rechazar públicamente los actos irregulares de sus colegas –muchos
fueron los cometidos durante aquellos doce años–, y alzar su voz contra las continuas injerencias del chavismo en la Justicia.
Por ser una persona incómoda en un Tribunal Supremo que el
régimen quería controlar, fue «prácticamente destituida» de su cargo. Su
destitución de facto dejó la vía libre para que un Tribunal Supremo monopolizado por el chavismo legitimase la continuidad del Gobierno, pese a la actual incapacidad de Hugo Chávez para
hacerse cargo del poder. Para que, pese a las fundadas dudas
constitucionales, el Tribunal declarase la «continuidad administrativa»
del Gobierno de Chávez —hospitalizado en Cuba desde el 9 de diciembre—
sin necesidad de que este acudiese a la toma de posesión del pasado 10
de enero.
–¿Hacia dónde se encamina Venezuela, después de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia que avaló la constitucionalidad del actual
Gobierno sin que Chávez haya jurado el cargo?
–Nos encontramos ante un gobierno de facto, porque la
persona que está encargada de la Presidencia no es legítima, en el
sentido de que no ha sido elegida por el voto popular. No sabemos quién
gobierna en Venezuela.
–¿El vicepresidente Nicolás Maduro estaría entonces usurpando el poder?
–Su período venció el pasado 10 de enero. Nadie lo eligió.
Fue designado por Chávez. Es una autoridad ilegítima, usurpadora. Y
todos sus actos son nulos.
—¿Cuáles son sus siguientes pasos?
—Estamos en el momento de la ciudadanía, impulsar acciones
cívicas, exigencias y protestas de que se lleven las cosas al nivel
constitucional. En realidad tenemos una ruptura del hilo constitucional.
Está comenzando la movilización de la ciudadanía.
—¿Y los objetivos de esas acciones?
—Las acciones ciudadanas buscan corregir los errores
cometidos. Es el procedimiento que establece la Constitución como el de
exigir que el Tribunal Superior de Justicia nombre una junta médica
oficial que verifique si Chávez está o no en capacidad de gobernar, y si
no lo está que se declare la ausencia temporal o absoluta. En ese caso
el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la presidencia y en
treinta días convocar nuevas elecciones.
—¿Qué
le parece el anuncio de la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia, Luisa Estela Morales, de instaurar una justicia socialista?
¿Está tomando partido por el Gobierno?
—El Tribunal Supremo no puede tomar partido por el Gobierno
ni actuar de forma revolucionaria como ella lo anuncia. Esa es la
demostración más palpable de que en Venezuela hemos perdido la
independencia de los poderes, y que el Poder Judicial está completamente
sometido a los designios del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
—¿Puede el Tribunal Supremo aplicar el Segundo Plan Socialista del Gobierno?
—Ya lo hemos visto en la decisión de la continuidad
administrativa, la permanencia del presidente Chávez en el poder sin
haber jurado el cargo. No es la primera vez que la sala constitucional,
cuya presidenta es la misma del Tribunal Supremo de Justicia, se somete.
Esta magistrada simplemente cambia de sombrero, siempre legitimando las
actuaciones del Ejecutivo y del Legislativo.
—¿Hay democracia sin la separación de poderes?
—En Venezuela no hay democracia. Aquí los jueces tienen
miedo de dictar sentencias, y así los venezolanos no podemos dormir
tranquilos. Los jueces condenan sin pruebas. Un ejemplo es el caso de la
juez María Lourdes Afiuni, que lleva tres años presa, condenada y
vejada simplemente por cumplir con su deber.
—¿Por qué la destituyeron a usted del cargo?
—Me destituyeron el 26 de diciembre, junto a seis
magistrados más porque se cansaron de que yo objetara y salvara
(eludiera) mi voto en las irregularidades. La Asamblea Nacional debía
nombrar a los sustitutos en enero, cuando se me agota el período de 12
años en el Tribunal Supremo de Justicia, pero el supremo tribunal pasó
por encima del procedimiento reglamentario.
—El Tribunal Supremo tiene en la actualidad 32 magistrados, ¿queda algún otro disidente después de su salida forzada?
—No, éramos tres disidentes y todos fuimos despedidos.
Ahora el chavismo tiene hegemonía y puede votar por unanimidad como
quería.
«A mí me echaron por disidente»
Nota
L. V.
A la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca
Rosa Mármol de León la destituyeron por disidente tras doce años de
impecable ejercicio en el cargo. Ocurrió el 26 de diciembre de 2012. Lo
decidieron sus colegas de la Sala Constitucional y no la Asamblea
Nacional, órgano al que le corresponde tal atribución.
Su destitución junto a seis jueces más es
«inconstitucional» y un «abuso de una magnitud inconcebible», asegura la
juez, porque se transgredieron todas las normas procesales. ¿El motivo?
«El chavismo tenía urgencia por tener el control y la hegemonía
absoluta de la votación de sus 32 magistrados de cara a la toma de
posesión de Chávez, prevista para el 10 de enero», nos responde.
Para cuando destituyen a Mármol –la última voz opositora
que quedaba en el Supremo–, los magistrados chavistas ya estaban
preparando la sentencia que daría «continuidad administrativa» al
Gobierno de Chávez, pese a que éste no estuviera en condiciones físicas
para jurar el cargo. La resolución fue votada sin oposición el 10 de
enero. «Ellos sabían que no podían contar conmigo para ese fraude
constitucional», sentencia.
