LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org
-Cualquiera diría que en Cuba la política pretende ir hoy por un lado,
mientras que las fuerzas represivas del ministerio del interior van por
el lado opuesto. Claro que el tal distanciamiento es aparente, otro de
esos decorados que suelen montarse aquí para los tontos útiles del
exterior. Pero también es un síntoma. Indica que el régimen se acerca a
un nuevo punto sin retorno en su proceso de decadencia. Y todavía más,
sugiere que lo está haciendo a partir de la plena conciencia.
Nunca como ahora recibieron nuestros caciques tantos elogios juntos, y
en tan poco tiempo, por parte de distintas representaciones de la ONU.
Nunca antes fue tan notable su preocupación por entonar (o aparentar que
entonan) con los programas y las proyecciones políticas de otros
gobiernos del continente, elegidos democráticamente, y con su discurso
de fatuo pero aún eficaz progresismo.
El apuro por sacarse de la manga un remedo de sociedad civil
organizada, junto a la gran ofensiva mediática que hoy despliegan
intelectuales y artistas cubanos en línea con el poder, así como
distintas instituciones religiosas (entre otras) afines a sus planes,
delatan el propósito de legitimar nuestra dictadura como un sistema
compatible con las prácticas de la política a nivel internacional.
Sin embargo, al mismo tiempo, ha estado aumentando la represión de la
Seguridad del Estado en las calles cubanas. Los índices de arrestos a
disidentes, mes por mes, y la violencia sistemática e institucionalizada
ante las manifestaciones de descontento, son hechos que hablan por sí
solos. Incluso, se han ensayado nuevos métodos restrictivos, como la
desconexión de los teléfonos y de otros medios de comunicación con el
exterior, a los opositores, blogueros y periodistas independientes, cada
vez que se arrima a nuestras costas un visitante de rango, o cuando
ocurre aquí algún acontecimiento de repercusión noticiosa.
Es como si existiera una especie de acuerdo tácito para que el
funcionariado ideológico se concentre en la tarea de lavarle la cara al
régimen, a fin de que luzca presentable ante la opinión internacional,
mientras que las fuerzas brutas se ocupan de apuntalar el éxito de la
operación, garantizando que no se mueva ni una hoja del Morro hacia
adentro, aunque para ello tengan que violentar todos los límites, sean
éstos de la legalidad, la decencia, o el mero sentido común.
Sería un pacto de horror, cuyos más tenebrosos frutos tal vez estén
por verse, a pesar de todo lo que ha mostrado ya. Y supone una deriva
desesperada, por parte del régimen, que no sólo compromete sus deseos de
perpetuarse en el poder, sino que en general abre una brecha muy
peligrosa para el porvenir de Cuba.
Bien se sabe, porque abundan los ejemplos históricos en todas las
épocas y latitudes, lo que sucede en un país cuando a las fuerzas
policiales y a los demás organismos represivos se les otorga patente de
corso para que mantengan a la ciudadanía bajo el control de sus botas,
sin reparar en remilgos.
Es algo que aunque jamás dejó de hacerse aquí durante las últimas
décadas, se hizo siempre desde un único mando central que englobaba
todas las fuerzas y las presentaba, precisamente a través de una
coartada política, como el poder del pueblo.
Los cuerpos armados, y en especial sus instancias que se
responsabilizan con el dominio de las calles, no tuvieron antes esa
autonomía de la que al parecer disponen hoy para ejercer el atropello
público, digamos por propia iniciativa. Al punto que comienzan a mostrar
toda la traza de un poder autárquico dentro del poder.
Hace poco, Cubanet hizo público el caso de un asalto de las brigadas
de respuesta rápida a la vivienda de un periodista independiente, acción
a todas luces perpetrada por iniciativa e interés particular de un
oficial del ministerio del interior. El reporte (publicado el 7 de mayo,
con el título Violento intento de desalojo de una familia),
además de ofrecer pruebas gráficas de la agresión, deja al descubierto
su carácter de pandillaje con beneficio privado para quien la organizó.
Incluso, demuestra que la dirección política del municipio Plaza, donde
tuvo lugar, no sólo estaba ajena a su ejecución sino que la desaprobó en
forma manifiesta.
¿Sería este un caso aislado, o se trata de un nuevo resabio que
tiende a hacerse común dentro del cada vez más enrarecido panorama
represivo de la Isla?
De momento, lo único que nos consta es que apenas unos días después
de aquel asalto, el máximo representante de la dirección política del
municipio Plaza fue sustituido. En tanto, el hecho vandálico y su
organizador permanecen impunes.
¿Será que la sustitución de uno y la impunidad del otro son casos que
no se imbrican necesariamente? ¿O será que en efecto le abrieron las
puertas a la perrera, y una vez suelta y a su aire, la jauría comienza a
tornarse incontrolable?
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