Una opinión de Juan Antonio Blanco
En
las elecciones recién celebradas en Estados Unidos los votantes
entregaron el control del Congreso al Partido Republicano,
derrotaron al candidato demócrata a Gobernador por Florida y al
representante federal del Distrito 26 de Miami que abogaban por una
flexibilización del embargo a Cuba. También incrementaron el número
de representantes federales cubanoamericanos de todo el país en
ambas cámaras (uno más que antes). Esos son los hechos.
Y
es a partir de la realidad -no de opiniones editoriales, cartas de
personalidades ilustres, análisis de eruditos encuestadores, ni
debates en prestigiosos foros académicos- que hay que valorar con
sentido práctico lo que se avecina. ¿Qué supone la nueva realidad
política estadounidense para la relación bilateral con Cuba?
Para Estados Unidos levantar o modificar la ley del embargo de 1996
ya resultaba imposible antes de esta elección, porque requiere de
una amplia e inexistente mayoría del Congreso a favor de ese cambio.
La demanda de que el Presidente Obama haga uso de su poder
ejecutivo, tanto para flexibilizar su implementación como para sacar
a la isla de la lista de países terroristas, es ahora mucho más
costosa -y por ello poco probable- para la Casa Blanca.
Es
un dato irrebatible que el capital político del Presidente está
sumamente menguado y tiene que hacer un uso muy selectivo y
estratégico de su poder ejecutivo. Es comprensible que tome algunas
decisiones respecto al tema migratorio a fin de intentar recuperar
al votante hispano para los candidatos demócratas en 2016, o que
explore la posibilidad de avanzar por vía ejecutiva – si el
adversario lo facilita- para alcanzar un acuerdo estratégico con
Irán respecto a su programa nuclear y pactar una cooperación puntual
contra ISIS.
Es,
sin embargo, altamente improbable que desee dar ningún paso
significativo y unilateral respecto al estado y gobierno cubano
incluido el tema de la permanencia en prisión del contratista Alan
Gross. Para Obama es políticamente impagable acceder a canjearlo por
los espías cubanos, porque estas sentencias ya recorrieron todos los
circuitos de apelaciones llegando incluso a la Corte Suprema de
Estados Unidos.
Una
amnistía presidencial no solo sería una bofetada al actual Congreso
sino también al Poder Judicial, con el que el presidente Obama
tampoco desearía enemistarse por un tema tan irrelevante, cuando
existen situaciones domésticas complicadas -como Ferguson- y sobre
todo puede abrirse un nuevo ciclo de debates sobre su ley de reforma
al sistema de salud (Obamacare).
En
el caso de Cuba, la valoración es más compleja. Por una parte, el
paisaje postelectoral estadounidense es sin duda muy desalentador
para aquellos que bien con respetable sinceridad, cinismo
utilitarista o incluso cumpliendo alguna misión como agentes de
influencia, llegaron a creer en la factibilidad de lograr sus
propósitos con una bien financiada operación de marketing político
encaminada a demandar la flexibilización unilateral del embargo.
Por
otra, no necesariamente ese es el caso para los hermanos Castro,
quienes todavía no parecen tener interés real en el éxito último de
sus seguidores. De lo contrario, no hubiesen ordenado detener y
condenar a quince años de prisión (condena superior a la recibida
por algunos terroristas en Alemania) al contratista Alan Gross. Su
supuesta acción criminal fue regalar a unos pocos ciudadanos judíos,
-que no eran activistas políticos ni disidentes-, teléfonos
satelitales, laptops y routers que pueden adquirirse libremente en
Internet o en una tienda de equipos electrónicos y cuyo uso no está
proscrito por ninguna ley internacional.
Es
difícil creer que los analistas de Estados Unidos en la isla y sus
simpatizantes en el exterior no les hayan hecho saber a Raúl y Fidel
Castro que una campaña internacional presionando el canje de sus
espías presos en EEUU por el señor Gross no tendría mayor
posibilidad de éxito que la auspiciada por la URSS en favor del
matrimonio Rosemberg.
La
detención y condena de Gross fue el recurso bien calibrado que fuera
utilizado para bloquear la ofensiva de paz de Obama al inicio de su
primer mandato, cuando podía avanzar en ella por el apoyo de ambas
cámaras del Congreso. El continuado encarcelamiento de Gross a pesar
de su ya delicada salud, es una clara señal de que no hay interés
real en lograr una distensión significativa con Estados Unidos, ni
siquiera ahora que los precios del petróleo y la rebelión cívica
estremecen a su mecenas venezolano.
Hablar de normalizar las relaciones bilaterales, al tiempo que se
bloquea cualquier posibilidad real de lograrlo, ha sido siempre
consustancial al double speak orwelliano de los Castro. La
derrota de un estado totalitario no supone siempre una victoria
sobre su aparato militar. Lo que sí resulta imprescindible es
quebrar su fábrica de percepciones. La realidad pone límites al
potencial persuasivo de la propaganda, pero los encargados de ella
siempre se las ingenian para justificar su postura. Esta no va a ser
la excepción.
Tomado de
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