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La CELAC en la Cuba de los Castro
Desde
fines de enero de 2013, Cuba quedó al frente de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un organismo cuya creación fue
impulsada por Hugo Chávez como alternativa a la Organización de Estados
Americanos (OEA), este último también integrado por Estados Unidos y
Canadá. Podría sonar simplista afirmar que la CELAC es la versión
subdesarrollada de la OEA. ¿Pero cómo tomar en serio a un organismo que
estableció una cláusula democrática y termina siendo presidido por una
dictadura? Algo similar resultaría impensable en la Unión Europea (UE) y
de hecho fueron principalmente los países del Viejo Continente los que
formularon las recomendaciones más categóricas a Cuba durante su Examen
Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del
primero de mayo de 2013, en Ginebra.
Alemania,
por ejemplo, recomendó a Cuba "abstenerse de todas las formas de
hostigamiento, intimidación y detención arbitraria de activistas en
favor de los derechos humanos"; Holanda le pidió "poner fin a la
represión, investigar actos de repudio y proteger a todas las personas
que sean víctimas de intimidación o violencia"; Francia le solicitó
"garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la
libre actividad de los defensores de los derechos humanos, los
periodistas independientes y los opositores políticos"; y España le
reclamó "respetar la libertad de expresión, asociación y reunión, y
reconocer personalidad jurídica a las asociaciones de derechos humanos
mediante un sistema de registro oficial inclusivo".
En
esa oportunidad, salvo Chile, ningún país latinoamericano expresó en
Ginebra una recomendación a Cuba en línea con las formuladas por los
países de la UE y otras democracias desarrolladas, como Suiza, Australia
y Canadá.
Por
eso no resulta extraño que, en su momento, ningún gobierno
latinoamericano haya cuestionado en Caracas (2011) la incorporación de
Cuba a la CELAC y tampoco observado en Santiago de Chile (2013) la
increíble contradicción de que un país gobernado por un régimen de
partido único, al quedar a cargo de la presidencia pro tempore del
organismo, sea el que tenga que intervenir en caso de ruptura del orden
constitucional en un Estado miembro.
En
la Cláusula Democrática de la CELAC, suscripta el 3 de diciembre de
2011 en Caracas, se dice reafirmar el respeto al Estado de Derecho, la
defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades
fundamentales y a las autoridades legítimamente constituidas como
expresión de la voluntad soberana de los pueblos. Además de todos los
cuestionamientos en materia de derechos humanos que se le formulan a
Cuba, si hay algo muy claro es que de un régimen de partido único no
pueden surgir autoridades legítimas desde la perspectiva democrática.
Por lo tanto, existe una responsabilidad moral e institucional de los
Estados miembros de la CELAC en legitimar al régimen militar de los
hermanos Castro y negarle al pueblo cubano sus aspiraciones
democráticas.
Asimismo,
la igualdad de trato que se le brinda a la dictadura cubana desmerece a
los gobernantes latinoamericanos surgidos en elecciones libres y
competitivas. En todos los países que integran la CELAC —menos en Cuba—,
para convertirse en jefe de Estado, como mínimo hay que ganar una
elección general ante uno o más candidatos de otros partidos. En algunos
casos, los aspirantes presidenciales tienen que imponerse primero en
una votación interna o primaria, luego alcanzar un determinado
porcentaje de votos en la elección general ante uno o más partidos y
finalmente triunfar en un ballotage, como sucedió recientemente en Chile con Michelle Bachelet.
El
régimen cubano sostiene que es democrático, pero no caben dudas de que
la forma en la que Raúl Castro llegó a ser jefe de Estado —y antes su
hermano Fidel— careció de la competencia electoral que caracteriza a una
genuina democracia. Con independencia de la natural diversidad de
modelos democráticos, todos tienen en común el respeto a las libertades
fundamentales de sus ciudadanos, en especial las establecidas en los
artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que el régimen cubano viola expresamente.
De
todo esto se pretenderá reflexionar, nada menos que en La Habana, el
próximo 28 de enero, durante el II Foro Democrático en Relaciones
Internacionales y Derechos Humanos que organiza el Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con base en Buenos
Aires, con el coauspicio local del Arco Progresista, Nuevo País y el
Comité Ciudadano por la Integración Racial, con el título "La
declaración especial de defensa de la democracia de la CELAC y su
incompatibilidad con el sistema de partido único de Cuba".
Este
encuentro se realizará en el contexto de la Cumbre de la CELAC, que
durante esos días se realizará en La Habana y tendrá a la dictadura como
anfitriona de los jefes de Estado y gobierno de los países
latinoamericanos. Tanto la seguridad personal de los asistentes, como la
garantía al derecho humano universal a la libertad de reunión y
expresión durante el Foro convocado por CADAL y sus contrapartes
cubanas, serán también responsabilidad de todos los Estados miembros de
la CELAC.
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