Los tachirenses organizan asambleas y clases
magistrales para discutir la situación política del país. Cuando
manifiestan, no trancan las calles
Doce carros accidentados al
mismo tiempo en el Obelisco de San Cristóbal. Los conductores se bajan
sonrientes a abrir el capó para chequear los motores. Todos
"recalentados", pero de ninguno sale humo. En el lugar, decenas de
personas que protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro se
distribuyen entre cada carro para echarles aire con pancartas y
banderas de Venezuela. Luego de 10 minutos los conductores encienden de
nuevo los vehículos y se retiran. Los que vienen detrás también se
accidentan.
La historia se repite
por más de seis horas. Funcionarios de la GNB y de la PNB observan desde
la distancia. La calle no está trancada y los guardias, aunque tienen
sus equipos antimotines, no tienen justificación para usarlos.
Mientras
Táchira espera para iniciar la fase dos de su protesta, no cruza los
brazos. La represión de la GNB para remover las barricadas y los
allanamientos a unas mil residencias no intimidan a quienes quieren un
cambio de gobierno.
“El hecho de que
estemos militarizados no nos va a sacar de las calles. Por eso
ingeniamos otras formas de protesta. Yo estoy aquí y mi hijo se fue a
Caracas cuando llegaron los guardias a protestar en la ONU. Allá duerme
en una carpa”, explicó Gerardo Carrero. Su hijo está frente al
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que decenas de
jóvenes se mantendrán hasta que una comisión de la organización visite
Venezuela.
Cada día en Táchira hay
varias protestas pacíficas desde que llegaron los militares. Hay
expresiones solitarias: un hombre mayor que caminaba hacia una
panadería y pasó junto a un grupo de militares que custodia Pueblo
Nuevo les exigió a gritos que se vayan a combatir el contrabando, en
lugar de “joder y reprimir a los inocentes". Cada noche las mujeres
tocan sus cacerolas al lado de los uniformados.
No es casual.
De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, solo en Táchira hay más de 22
denuncias de tortura y alrededor de 150 casos que, por temor, no han
sido oficializados.
La información
la dio el director de la organización, Alfredo Romero, precisamente en
una de las actividades que han ideado los ciudadanos para mantenerse en
las calles: asambleas ciudadanas.
“En
Táchira todavía hay 22 personas privadas de libertad y es el tercer
estado con más detenciones y más casos de torturas y tratos crueles”,
agrega Romero.
El ágora
La
idea de las clases magistrales fue del grupo de jóvenes Juntos por
Venezuela, que surgió en Táchira para impulsar actividades pacíficas. En
las actividades, profesores universitarios se pasean por conceptos de
Giovanni Sartori o Norberto Bobbio para explicar la crisis política que
vive el país.
Las han organizado en
varias plazas del estado. Si hablan sobre el derecho constitucional, se
apoyan en casos como la detención del alcalde de San Cristóbal, Daniel
Ceballos.
“Somos una plataforma no
partidista para impulsar espacios de diálogo y fortalecer la democracia y
el respeto a los derechos humanos. Queremos articular a la sociedad que
se cerró al diálogo, de lado y lado, recuperar el ágora. Lo que
queremos es que la gente entienda que se puede protestar con un sentido
más sólido”, expresó Elsa Albertini, integrante de la organización.
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La pantomima del diálogo
9 de abril 2014 - 00:01
El gobierno quiere dialogar con la oposición arrodillada y lo
ha conseguido con esa parte de la dirigencia que no representa ni a
los estudiantes ni a los ciudadanos, que están en la calle desde el 12
de febrero y han arriesgado su vida, su integridad y su libertad al
exigir una salida al terrorismo de Estado desatado por un gobierno sin
escrúpulos, que nos ha mostrado su cara más sanguinaria a través de la
actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, infiltrada por malandros
entrenados por esbirros cubanos y por las bandas paramilitares llamadas
“colectivos”, expertas en rematar el trabajo sucio con el asesinato, la
tortura, perpetrando fríamente actos degradantes y brutales, que han
sido registrados en videos e instantáneas como prueba irrefutable de sus
inadmisibles aberraciones contrarias a la civilidad. Las torturas
también son asesinatos porque producen dolorosísimas heridas que a veces
no alcanzan a curarse. Los linchamientos a manos de los “colectivos” en
la Universidad Central de Venezuela, de estudiantes que son
salvajemente agredidos y denudados también son asesinatos porque mata la
propia estimación, arrebata el orgullo que es un delicado bien del ser
humano y lo hace añicos.
Esos actos de humillar al prójimo, de
quebrarle el espinazo de su dignidad son crímenes repugnantes. Y, sin
embargo, un apreciable número de personas consideran positivo e incluso
heroico un comportamiento claramente perverso como la de esos
“colectivos” armados dentro de un recinto universitario, respaldados y
acompañados por un ex dirigente estudiantil, Kevin Ávila, afecto y
protegido por el oficialismo.
Violencia selectiva
Se
han empeñado en mantener la violencia en niveles muy altos para
distraer a los ciudadanos de los aumentos generalizados por las
devaluaciones y el desabastecimiento. El ministro del Interior, Justicia
y Paz, Miguel Rodríguez Torres –que debería estar inhabilitado para el
cargo, por su cobarde participación en el intento de golpe de Estado en
1992, cuando atacó La Casona con una indefensa primera dama dentro de la
residencia presidencial y dejó un reguero de hombres muertos– es el
responsable de la coordinación de todas las atrocidades que hemos estado
presenciado con absoluta perplejidad. Ahora el mayor general nos
anuncia una nueva etapa de violencia selectiva, y lo reafirma el mismo
día que aparecen asesinados en el Ávila dos hombres aficionados al
ciclismo de montaña, Gustavo Giménez y Luis Daniel Gómez, vinculados
estrechamente al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y a grupos
económicos; ese mismo día también ocurre el secuestro de una periodista
de Globovisión.
El libreto es previsible, responsabilizarán a
grupos radicales de la oposición como lo anunció el ministro del
prontuario delictivo andante: “La derecha venezolana, ante el fracaso de
las primeras fases de acciones insurreccionales, intentará activar una
nueva etapa de violencia selectiva”.
El sucio diálogo
Flaco
favor hacen los que han corrido a negociar con los cancilleres de
Unasur en un diálogo tramposo, que persigue apuntalar a un gobierno
prácticamente caído y tomarse una foto con un presidente que perdió toda
legitimidad; al estrechar su mano serán rociados por el perfume
absoluto de la sangre de los que murieron, han sido heridos o
torturados. Porque es tomarse una foto con el odio, el totalitarismo, la
represión y la persecución política. Hay actividades tan repugnantes
que envilecen a los que las practican. María Corina, Leopoldo López, el
alcalde Antonio Ledezma y los dirigentes del movimiento estudiantil
están libres de toda sospecha. ¡Viva la resistencia!
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Revolución electiva, purificadora de la violencia
9 de abril 2014 - 00:01
El catedrático venezolano Allan Brewer Carías, uno de
nuestros más prestigiosos cultores del Derecho público, con su exilio y
apartando mezquindades que se cuecen desde antaño en los predios de la
medianería, es, no lo dudo, el símbolo del mismo exilio que se le impuso
en Venezuela al Estado de Derecho desde cuando la revolución chavista
-mascarón de proa cubano- secuestra a la república, en 1999.
Lo
cito a propósito de una referencia suya, reveladora y lapidaria en
cuanto a la descripción de esa lastimosa realidad que a todos nos
preocupa: la crisis institucional y de violencia que ha provocado el
régimen de Nicolás Maduro, hecha la primera en la ciudad de Nueva York
donde reside desde su ostracismo. Y es que la Defensora del Pueblo,
Gabriela Ramírez, a bocajarro nos sorprende con otra de sus "maduradas":
"Es imposible que con la presencia de todos los poderes públicos se
cometa una ilegalidad" desde el Estado. Dado ello, Brewer subraya lo así
dicho con un
obiter dictum: “Tan simple como eso. O sea, que
si el Estado totalitario –que es el que controla la totalidad de los
poderes y la vida de los ciudadanos- viola los derechos humanos, si ello
lo hace con la participación de todos los poderes públicos, así sea
contrario a la Constitución, entonces ello es legal” para la susodicha.
El
comentario vale y es oportuno, pues desde el exterior, quienes nos
observan de buena fe -no incluyo a la Unasur o la Alba y menos a sus
plumíferos- creen, aun así, que en Venezuela hay democracia pues se
realizan elecciones; que al caso también las hay en La Habana como las
hubo durante el nacional socialismo en la Alemania del Führer.
No
pocos dudan, por lo mismo, incluso ocurridas las violaciones
generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que hoy se muestran en
su más cruenta y ominosa faceta y son la obra de una evidente política
represora de Estado concertada entre los varios poderes venezolanos,
sobre si las actuaciones desplegadas desde la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia merecen respeto por venir de donde vienen y
para contener la conmoción e ingobernabilidad reinante y asimismo
deslindar responsabilidades, que, según ésta, pesan sobre los líderes de
la oposición democrática.
Lo cierto y lo que atina a captar la
opinión hemisférica -la de buena fe, reitero, y no los gobiernos- es que
se ha establecido aquí, por la vía electoral, un modelo de Estado
orientado al control totalitario del poder; donde los mismos titulares
de las ramas del poder estatal han prosternado, por considerarlo
inaceptable para su "cosmovisión", el principio de separación e
independencia, mejor aún, del
"check and balance" cuya falta ha
sido puesta de manifiesto, como grave atentado contra la democracia,
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No se trata,
cabe advertirlo, de la común filtración que ha lugar en otros países con
democracias estables, de distintos militantes de un partido gobernante
hacia otras reparticiones del Estado, abusando incluso de una mayoría
circunstancial. Antes bien, ha lugar a la cooptación total de la
totalidad de los hilos del poder en sus varias manifestaciones por parte
del Gobierno de Maduro; para con ellos, coludidos, empujar la
instauración de una visión totalitaria de la vida ciudadana negada al
pluralismo y opresora de la disidencia.
Es un hecho notorio
comunicacional el avance regional hacia la restauración del socialismo
marxista fracasado del siglo XX, incompatible con los predicados de la
democracia tal y como la conocemos en este lado del mundo. A la
Constitución y las leyes, por ende, se las entiende como simples medios,
reinterpretables y mutables a conveniencia, de acuerdo a las
necesidades de dicho despropósito.
No por azar, la cabeza del TSJ
y su Sala Constitucional, ayer Luisa Estella Morales y ahora Gladys
Gutiérrez, abogado del fallecido comandante Hugo Chávez y militante de
su partido, administra la justicia revolucionaria como si fuese un Poder
Constituyente. Valida el uso popular de las armas para la defensa del
proceso, criminaliza la contrarrevolución, revoca mandatos populares sin
fórmula de juicio o actúa como única instancia, y a los contumaces los
condena sustituyendo a la jurisdicción penal y al paso los recluye en
prisiones militares.
En suma, dentro de la revolución, todo,
incluso el desconocimiento de la Constitución; fuera de ella, nada.
Pero tenemos elecciones, y eso le basta a los cancilleres quienes llegan
a Caracas y no la padecen. Oyen atentos, eso sí, las recomendaciones
que les aporta el exministro chavista Alí Rodríguez Araque, el célebre
Comandante Fausto, albacea de los hermanos Castro y a la sazón
Secretario de la Unasur. Esas tenemos.
Paola Guanche, cubana, ganadora de la más reciente edición de La Voz Kids_foto tomada de internet
