Los opositores cubanos Manuel
Cuesta Morúa (izq.), Leonardo Hernández y Rigoberto Hernández,
integrantes del grupo disidente cubano Arco Progresista realizan una
denuncia el 19 de octubre del 2010 en La Habana. Morúa esta trabajando
en un proyecto para construir un consenso entre los actores
políticos y de la sociedad civil, dentro y fuera de Cuba, acerca de una
nueva propuesta constitucional.
Nora Gámez Torres
Un total de 314 “Mesas de Iniciativa Constitucional” con 2,400
participantes sesionaron el fin de semana en Cuba, como parte de un
proyecto para construir un consenso entre los actores políticos y de la
sociedad civil, dentro y fuera de la isla, acerca de una nueva propuesta
constitucional. Los debates de la denominada Hoja de Ruta
Constitucional, impulsada por el opositor Manuel Cuesta Morúa, están
acompañados por una recolección de firmas dentro del proyecto Asamblea
Constituyente Ahora.
Morúa, quien es líder del movimiento Arco Progresista y actualmente está bajo una medida cautelar, informó que las discusiones se centraron en buscar un consenso sobre si se debe reformar la constitución actual, recuperar la Constitución de 1940 o crear una nueva Carta Magna.
Esta iniciativa llega en un contexto donde una comisión estatal está estudiando a puertas cerradas posibles modificaciones a la constitución.
Aunque las 72 organizaciones que suscriben actualmente esta hoja de ruta son en su mayoría opositoras, en Cuba y en el exilio, Morúa afirmó el martes que “la idea es que el proceso esté abierto a todos los ciudadanos. Se trata de lograr una mayor legitimidad con la participación de ciudadanos que no están vinculados con la oposición. Esta no es una discusión entre grupos opositores y esta primera actividad así lo demostró”.
Morúa puntualizó que entre los 2,400 participantes se encontraban muchas personas que no eran opositoras o activistas pues las mesas debían justamente “abrir la discusión a la ciudadanía en sus comunidades”.
Para evadir el control de las autoridades, que usualmente impiden este tipo de reuniones, no se publicitó de antemano el carácter de estos encuentros ni el lugar en que se realizarían.
El último intento de la sociedad civil para cambiar la constitución cubana, el llamado Proyecto Varela impulsado por el fallecido opositor Oswaldo Payá, fue desestimado por la Asamblea Nacional en el 2002, cuando se presentó avalado por más de 10,000 firmas. El Proyecto Varela abogaba por una nueva ley electoral y convertiría en leyes el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de asociación, entre otras medidas.
Ese mismo año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma Constitucional que establece en su Artículo I que “El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución… es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo”.
Pero Morúa confía en que a diferencia de los años 90, “la necesidad de cambio es compartida por la mayoría de la población cubana. Nosotros no queremos quedarnos con las 10,000 firmas mínimas que requiere la constitución cubana para pedir cambios sino que queremos generar un movimiento y una cifra crítica de presión para que las autoridades no puedan engavetar la propuesta”.
Armando Chaguaceda, politólogo cubano residente en México, cree que esta iniciativa tiene pocas posibilidades legales de éxito aunque sí constituye una buena estrategia política pues “recupera el tema legal y de derechos de la ciudadanía; apelar al derecho, aunque sea al que está vigente, es altamente subversivo en un contexto como el cubano. Por otra parte, recupera la idea de convivencia entre los cubanos”.
En los últimos años se ha multiplicado el debate en Cuba sobre la necesidad de una reforma de la constitución entre académicos, juristas y otros miembros de la sociedad civil que se presenta como independiente del estado.
En una entrevista reciente, el jurista e historiador de la isla, Julio César Guanche, señaló que la ley fundamental vigente está “desactualizada” en relación a los pactos de derechos humanos de la ONU. A su juicio, es “muy importante ampliar el catálogo de derechos y garantías de la ciudadanía en Cuba”. Para Guanche, la reforma económica que se está realizando en Cuba debería estar acompañada de cambios constitucionales: “La magnitud de los cambios que se están haciendo y se deben hacer merece una nueva constitución”.
En febrero de este año, la revista Espacio Laical, publicada por la Arquidiócesis de La Habana y que lleva años discutiendo sobre el tema, organizó un panel en el que Roberto Veiga, editor de la revista, señaló que los cambios constitucionales deberían incluir mecanismos de control, como el defensor del pueblo, la revisión del artículo 5 que convierte al Partido Comunista “en una fuerza de control, más allá de ser una fuerza política” y la elección directa del jefe de Estado, pues “quien venga a sustituir a Fidel y Raúl no contará con el capital político de estos para su legitimación.”
En un dossier que la revista dedicó en el 2009 a este tema, Veiga también había abogado por la institución del recurso jurídico de habeas corpus. Otro participante, Dimitri Prieto, había pedido insertar la “libertad de movimiento, de religión, de palabra y de prensa, de reunión y manifestación” en un futuro texto.
Aunque según Chaguaceda los límites entre la oposición y quienes conforman esta sociedad civil en la isla son cada día más tenues, parece difícil que miembros de la oposición y de la sociedad civil de la isla trabajen de modo consensuado en la elaboración de una propuesta.
Veiga no cree en “una gran conciliación con pretensiones totalitarias” pues lo que “necesitamos es tantos grupos y propuestas como se pueda y luego propiciar el diálogo entre estos grupos y hacia la sociedad. Pero para eso hace falta que el gobierno cubano abra el espacio público a esta discusión”.
Para Morúa, debates como los de Espacio Laical “se quedan en las élites. De lo que se trata es de la reinvención de la legitimidad ciudadana como mecanismo para impulsar el cambio. Si la discusión ciudadana finalmente determina que hay que reformar la constitución actual y no hacer una nueva, nosotros seguiremos lo que dice la ciudadanía”, concluyó.
Morúa informó que en julio próximo se realizará un evento similar a las “Mesas de Iniciativa Constitucional” en Miami.
Morúa, quien es líder del movimiento Arco Progresista y actualmente está bajo una medida cautelar, informó que las discusiones se centraron en buscar un consenso sobre si se debe reformar la constitución actual, recuperar la Constitución de 1940 o crear una nueva Carta Magna.
Esta iniciativa llega en un contexto donde una comisión estatal está estudiando a puertas cerradas posibles modificaciones a la constitución.
Aunque las 72 organizaciones que suscriben actualmente esta hoja de ruta son en su mayoría opositoras, en Cuba y en el exilio, Morúa afirmó el martes que “la idea es que el proceso esté abierto a todos los ciudadanos. Se trata de lograr una mayor legitimidad con la participación de ciudadanos que no están vinculados con la oposición. Esta no es una discusión entre grupos opositores y esta primera actividad así lo demostró”.
Morúa puntualizó que entre los 2,400 participantes se encontraban muchas personas que no eran opositoras o activistas pues las mesas debían justamente “abrir la discusión a la ciudadanía en sus comunidades”.
Para evadir el control de las autoridades, que usualmente impiden este tipo de reuniones, no se publicitó de antemano el carácter de estos encuentros ni el lugar en que se realizarían.
El último intento de la sociedad civil para cambiar la constitución cubana, el llamado Proyecto Varela impulsado por el fallecido opositor Oswaldo Payá, fue desestimado por la Asamblea Nacional en el 2002, cuando se presentó avalado por más de 10,000 firmas. El Proyecto Varela abogaba por una nueva ley electoral y convertiría en leyes el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de asociación, entre otras medidas.
Ese mismo año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma Constitucional que establece en su Artículo I que “El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución… es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo”.
Pero Morúa confía en que a diferencia de los años 90, “la necesidad de cambio es compartida por la mayoría de la población cubana. Nosotros no queremos quedarnos con las 10,000 firmas mínimas que requiere la constitución cubana para pedir cambios sino que queremos generar un movimiento y una cifra crítica de presión para que las autoridades no puedan engavetar la propuesta”.
Armando Chaguaceda, politólogo cubano residente en México, cree que esta iniciativa tiene pocas posibilidades legales de éxito aunque sí constituye una buena estrategia política pues “recupera el tema legal y de derechos de la ciudadanía; apelar al derecho, aunque sea al que está vigente, es altamente subversivo en un contexto como el cubano. Por otra parte, recupera la idea de convivencia entre los cubanos”.
En los últimos años se ha multiplicado el debate en Cuba sobre la necesidad de una reforma de la constitución entre académicos, juristas y otros miembros de la sociedad civil que se presenta como independiente del estado.
En una entrevista reciente, el jurista e historiador de la isla, Julio César Guanche, señaló que la ley fundamental vigente está “desactualizada” en relación a los pactos de derechos humanos de la ONU. A su juicio, es “muy importante ampliar el catálogo de derechos y garantías de la ciudadanía en Cuba”. Para Guanche, la reforma económica que se está realizando en Cuba debería estar acompañada de cambios constitucionales: “La magnitud de los cambios que se están haciendo y se deben hacer merece una nueva constitución”.
En febrero de este año, la revista Espacio Laical, publicada por la Arquidiócesis de La Habana y que lleva años discutiendo sobre el tema, organizó un panel en el que Roberto Veiga, editor de la revista, señaló que los cambios constitucionales deberían incluir mecanismos de control, como el defensor del pueblo, la revisión del artículo 5 que convierte al Partido Comunista “en una fuerza de control, más allá de ser una fuerza política” y la elección directa del jefe de Estado, pues “quien venga a sustituir a Fidel y Raúl no contará con el capital político de estos para su legitimación.”
En un dossier que la revista dedicó en el 2009 a este tema, Veiga también había abogado por la institución del recurso jurídico de habeas corpus. Otro participante, Dimitri Prieto, había pedido insertar la “libertad de movimiento, de religión, de palabra y de prensa, de reunión y manifestación” en un futuro texto.
Aunque según Chaguaceda los límites entre la oposición y quienes conforman esta sociedad civil en la isla son cada día más tenues, parece difícil que miembros de la oposición y de la sociedad civil de la isla trabajen de modo consensuado en la elaboración de una propuesta.
Veiga no cree en “una gran conciliación con pretensiones totalitarias” pues lo que “necesitamos es tantos grupos y propuestas como se pueda y luego propiciar el diálogo entre estos grupos y hacia la sociedad. Pero para eso hace falta que el gobierno cubano abra el espacio público a esta discusión”.
Para Morúa, debates como los de Espacio Laical “se quedan en las élites. De lo que se trata es de la reinvención de la legitimidad ciudadana como mecanismo para impulsar el cambio. Si la discusión ciudadana finalmente determina que hay que reformar la constitución actual y no hacer una nueva, nosotros seguiremos lo que dice la ciudadanía”, concluyó.
Morúa informó que en julio próximo se realizará un evento similar a las “Mesas de Iniciativa Constitucional” en Miami.
ngameztorres@elnuevoherald.com
Puede seguir a Nora Gámez Torres en Twitter en @ngameztorres
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