Cubanos, no le demos más vueltas: el
problema no está en la Ley de Ajuste ni en los corrillos de los
políticos de aquí, allá o acullá, sino en nosotros.
Con o sin Ley, los cubanos continuarán emigrando, sea a EE. UU. o a cualquier otro destino
Se está responsabilizando a una Ley extranjera con la solución de problemas que son netamente nacionales
Miriam Celaya
LA HABANA, Cuba.- La inminencia de la llegada a EE. UU. de miles de
cubanos varados en Costa Rica ha vuelto a desatar el debate en torno a
la pertinencia o no de la Ley de Ajuste, sus fundamentos originales y
las opiniones sobre si los cubanos que actualmente emigran deben ser
considerados o no emigrantes políticos y, en consecuencia, merecedores
de acogerse a la referida Ley.
Como sucede siempre entre cubanos, el tema mueve las pasiones,
nublando la objetividad y haciendo difícil deslindar entre el asunto
legal, los intereses políticos, los resentimientos personales de cada
quien y la cuestión netamente humana, que es en definitiva la que motiva
todo éxodo, más allá de las circunstancias particulares signadas por la
política y la economía.
Las posiciones suelen ser polarizadas y excluyentes, sin matices: o
se está a favor del arribo infinito de cubanos a EE. UU. –en particular a
la ciudad de Miami, capital extraterritorial “de todos los cubanos”– y
de la ‘irreversibilidad’ de la Ley de Ajuste, como una especie de
derecho divino inmanente a los nacidos dentro de los 110 mil kilómetros
cuadrados de este archipiélago, o se aboga por la derogación de ésta y
por limitar o cortar la ayuda a los que llegan.
Y como todo vale cuando se trata de sacar ventaja, la ocasión ha sido
propicia también para ciertos políticos cubanoamericanos, que han
aprovechado la nueva crisis migratoria para atizar las brasas contra el
acercamiento diplomático a las autoridades cubanas, impulsado por la
Casa Blanca, creando incertidumbre sobre la posibilidad de que
desaparezca la Ley de Ajuste y con ella los privilegios que han gozado
los inmigrantes cubanos en EE UU.
Lamentablemente, ese enfoque solapa la auténtica causa de la
creciente emigración de los cubanos: la asfixia, la decadencia y la
condena a la pobreza eterna bajo un sistema sociopolítico y económico
obsoleto y fracasado que les fue impuesto inconsultamente casi 60 años
atrás. De manera que con o sin Ley de Ajuste los cubanos continuarán
emigrando, sea a EE. UU. o a cualquier otro destino, como lo demuestra
la existencia de comunidades de compatriotas emigrados en un sinnúmero
de países en los que no existen “leyes de ajuste” que los beneficien.
Ergo, la controvertida Ley –la cual, dicho sea de paso, las
autoridades cubanas ni siquiera mencionaban durante los tiempos de luna
de miel con la Unión Soviética– es un innegable componente del problema,
pero no el más relevante, por lo que su derogación no constituiría la
solución del incontenible flujo migratorio desde Cuba.
De hecho, se puede afirmar rotundamente que, de desaparecer dicha
legislación, los cubanos no renunciarían a las aspiraciones de ingresar
al territorio estadounidense, y que una vez dentro de EE UU
sobrevivirían en la ilegalidad, tal como lo han hecho otros millones de
emigrantes latinoamericanos, los “indocumentados”. ¿Acaso en Cuba, donde
todo lo bueno está prohibido, no nos hemos entrenado por décadas en eso
de sobrevivir en la ilegalidad de mil manera diferentes?
Los hijos “legítimos” de la Ley de Ajuste
Resulta difícil opinar objetivamente sobre una herramienta legal que
ha protegido a tantos compatriotas. Pero cuando hablamos de la Ley de
Ajuste, propiamente dicha, es inevitable recordar sus causas y las
circunstancias que le dieron origen.
Sancionada en 1966, esta Ley otorgaba estatus legal a un número
elevado de cubanos que se habían visto forzados a huir de Cuba, muchos
de los cuales habían sido afectados por las leyes revolucionarias o
pesaban sobre ellos graves acusaciones, ya fuera por una real o supuesta
colaboración con el batistato, o por otros delitos considerados de
‘lesa’ revolución por el castrismo triunfante.
Hay que recordar que en aquellos años todavía el paredón de
fusilamiento era la condena habitual que se aplicaba a “los traidores”,
por parte de la camarilla guerrillera que tomó el poder en 1959. Tan
punible categoría podía incluir por igual a los miembros o simpatizantes
de la dictadura anterior –la de Fulgencio Batista– y a los propios
participantes de la lucha revolucionaria que se habían opuesto al giro
de Castro I hacia el comunismo, una parte de los cuales retornaron a la
lucha armada como forma de rebelión, y fueron derrotados.
Los emigrados cubanos de los años 60 fueron principalmente familias
de las clases alta y media de la burguesía que habían sido afectados
económicamente por las nacionalizaciones y por otras medidas
“revolucionarias”, y cuyos intereses eran incompatibles con la línea
política que había tomado el gobierno en la Isla.
Y, habida cuenta que al partir de la Isla quedaban despojados de
todos sus derechos como cubanos en virtud de las leyes revolucionarias,
tampoco desde el punto de vista legal el regreso era una opción para
ellos. Así, la Ley de Ajuste nacía para solucionar el limbo jurídico en
el que estaban viviendo aquellos primeros emigrados, cuando siete años
de fidelismo demostraban que su regreso a Cuba iba a ser más dilatado
que lo previsto.
El resto de la historia es bien conocido. Una Ley surgida para
beneficio de la emigración política cubana en pleno fragor de la Guerra
Fría, acabaría estandarizándose al extenderse a todo cubano que pisa
territorio estadounidense, pese a que la mayoría de los que hoy emigran
no se reconocen a sí mismos como perseguidos políticos de la dictadura
castrista.
“Yo voy a lo mío”
Ninguna de las etapas del largo experimento comunista en Cuba ha
estado exenta de migraciones. Con sus picos y sus valles, el flujo hacia
el exterior ha sido un signo importante de la historia de la nación
cubana en los últimos 57 años, bajo el mismo gobierno y el mismo sistema
político.
Las circunstancias actuales, sin embargo, no son las mismas que
sirvieron de escenario a las migraciones de los 60, de la colosal
migración por Mariel (1980) –donde los abusos de los mítines de repudio,
las humillaciones y las golpizas promovidas desde el gobierno y
organizadas por el PCC y las organizaciones de masa marcaron para la
siempre la memoria tanto de los que se fueron como de los que quedaron
en la Isla–, o de la espectacular Crisis de los Balseros (1994).
Si los cubanos que huyeron en los primeros años de la revolución
sufrieron la ruptura absoluta con lo que fue su vida en la Isla y fueron
despojados de propiedades y derechos como nacionales, si soportaron la
condena del desterrado ante la imposibilidad de regresar a su tierra
natal a lo largo de décadas en las cuales muchos murieron o perdieron a
sus familiares que quedaron acá, sin siquiera despedirse de ellos, y si
fueron víctimas directas del sistema político que algunos de ellos
incluso habían ayudado a entronizarse en el poder, lo cierto es que en
los últimos cuatro a cinco años la realidad ha cambiado, y también así
la percepción que tiene el emigrado sobre su propia situación.
Los cubanos que actualmente emigran, no solo se auto definen
mayoritariamente como emigrados económicos, sino que en virtud de la
reforma migratoria de 2013 conservan tanto el derecho a entrar y salir
de Cuba dentro del plazo de 24 meses, como sus propiedades y al menos
los mínimos derechos que están refrendados en la Constitución cubana.
Una gran parte de ellos declara que su intención al emigrar era
mejorar sus condiciones materiales de vida y ayudar a su familia en Cuba
–es decir, ni más ni menos que las mismas aspiraciones de millones de
latinoamericanos– y hasta repiten la sempiterna frase sabichosa que
tanto se escucha por estos lares isleños: “A mí la política no me
interesa; yo vengo a lo mío”
.
Y, en efecto, una vez obtenida la residencia (la famosa “green
card”), comienzan a viajar a Cuba antes de que caduquen los dos años de
gracia que les otorga el gobierno cubano para conservar sus derechos
como nativos de la ruinosa hacienda insular. El “miedo” a las
represalias castristas que expresaban a la hora de acogerse a la Ley de
Ajuste, desaparece abrupta y mágicamente.
Triple beneficio: para los emigrados cubanos porque se favorecen
doblemente, tanto con la Ley de Ajuste como con la reforma migratoria
raulista. Para el gobierno cubano, porque la migración se ha convertido
en una de las pocas industrias que les garantiza el ingreso neto y
constante de divisas.
Luego, los privilegios de rápido acceso legal al trabajo, al Social
Security Number, a los food stamps, y a otras prestaciones recibidas por
una supuesta condición de “perseguidos” se convierte realmente en una
especie de timo legal al erario público al que aportan los
contribuyentes, en especial los estadounidenses que nada tienen que ver
con el drama cubano. Este es el argumento esencial que esgrimen quienes
creen que ha llegado el momento de –al menos– revisar la Ley de Ajuste, y
modificarla para que se puedan acoger a ella solo quienes puedan ser
considerados razonablemente como “perseguidos políticos”.
Pero la trampa mayor de la Ley de Ajuste no radica exactamente en que
tiende a reforzar la intangible (y falsa) excepcionalidad de los
cubanos. Tampoco estriba en su ambigüedad actual o en la
discrecionalidad que en un futuro le pueda conferir alguna modificación,
sino que –tal como ocurre con el Embargo– su verdadera inconveniencia
reside en que se responsabiliza a una Ley extranjera con la solución de
problemas que son netamente nacionales.
Una vez más se coloca sobre los hombros de legisladores y otros
políticos foráneos la búsqueda de salidas a la eterna crisis cubana,
realidad que demuestra la perniciosa infancia de una nación cuyos hijos,
incapaces de percibirse como protagonistas de sus propios destinos y
cambiar las reglas del juego en su país natal, optan por escapar del
miserable paternalismo castrista para acogerse a las generosas bondades
del paternalismo estadounidense.
Cubanos, no le demos más vueltas: el
problema no está en la Ley de Ajuste ni en los corrillos de los
políticos de aquí, allá o acullá, sino en nosotros. Es así de sencillo.
https://www.cubanet.org/destacados/la-ley-de-ajuste-cubano-no-es-el-problema/
Congresista federal por Texas, Henry Cuellar
