Por Arnaldo Ramos Lauzurique
LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org
-En noviembre de 2007, Osiris López, jefe de Asuntos Penales de la
Fiscalía General de la República, declaró al semanario Trabajadores que
la corrupción en Cuba era esencialmente administrativa y económica,
agregando: “Por suerte, en las altas esferas del Estado no tenemos
corrupción política…”. “No tenemos escándalos… relacionados con
presidentes de bancos o ministros corruptos.”. “La corrupción se da en
los niveles intermedios y empresariales”.
Seis años después, el 24 de septiembre de 2013, la Contraloría General de la República, en la figura de la Vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejerano Portela, argumentaba que alrededor del 76 por ciento de los hechos de corrupción en el país ocurren a nivel de unidades de base.
Como señaló Osiris López, en Cuba no trascienden los escándalos por corrupción en las altas esferas del Estado, pero eso se debe exclusivamente a que la prensa oficial no los reporta. No obstante, este tipo de escándalo ha sido abundante en los últimos años.
Por lo regular se omite poner en la picota los casos de los defenestrados por escándalos. Únicamente se dan a conocer algunos, como el del dirigente del partido único Juan Carlos Robinson, condenado a 12 años de prisión, y muy pronto liberado; o como el del ministro Alejandro Roca Iglesias, que estuvo durante muchos años al frente de la industria alimentaria, y que fue condenado a 15 años de cárcel.
Salvo algunos casos, como estos últimos, solo se pueden destacar los de tres funcionarios del Consejo de Administración y una directora del Poder Popular, en Sancti Spíritus, destituidos y sometidos a proceso penal. El primer secretario del PCC en esa provincia, Miguel Acevo Cortiñas, fue “liberado” meses después.
La lista incompleta de altos dirigentes y funcionarios partidistas y estatales defenestrados en los últimos años, aburre, por su extensión, pero por lo regular solo se acompaña del título de “liberados” de su cargo. Entre los que más destacan, están Carlos Lage Dávila, secretario del Consejo de Estado; Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores y uno de los preferidos de Fidel Castro; Carlos Valenciaga, secretario personal e intérprete del pensamiento del máximo jefe; Fernando Remírez de Estenoz, encargado exterior de actividades inconfesables del régimen, a través del Partido Comunista de Cuba (PCC); el general de división Rogelio Acevedo González; el ministro de Educación Luis Ignacio Gómez Gutiérrez ; Yadira García Vera, que siempre ocupó altos cargos con el beneplácito del máximo jefe; Pedro Sáez Montejo, máximo dirigente partidista en la capital; Juan Contino Aslam; más un largo etcétera, entre los que se cuentan Marcos Portal León, Marta Lomas, Otto Rivero, Jorge Luis Sierra, Raúl de la Nuez y Fidel Figueroa de la Paz.
Eso por no relacionar a los muchos corruptos que no aparecen en ninguna lista oficial, como José Ramón Balaguer Cabrera o Lorenzo Somarriba, ministro de Salud Pública y director del hospital psiquiátrico de Mazorra, respectivamente, donde hubo más de 26 muertos ligados a hechos de corrupción, que ocasionó la condena de funcionarios y especialistas. Balaguer fue ascendido a jefe del Departamento de Asuntos Exteriores del PCC, y Somarriba a jefe de la misión médica en Haití.
Osiris López dijo que en el país no hay hechos de corrupción relacionados con presidentes de bancos, pero Francisco Soberón, presidente del Banco Central de Cuba, fue “liberado” sin que se explicaran las razones, al tiempo que se informaba que iba a dedicarse a escribir, pero aún no ha aparecido ningún escrito suyo.
Un artículo del periódico Juventud Rebelde, del 25 de septiembre, la emprende contra los “especuladores por cuenta propia”, y pide que se les aplique la Ley. Sin embargo, las mismas instituciones del régimen empujan a los trabajadores a las acciones ilegales. Recientemente, el semanario Trabajadores publicó una queja del personal de la Terminal de Contenedores de La Habana, porque les descuentan sus aumentos de estímulos ya ganados.
Se pretende hacer creer que los alarmantes niveles de corrupción tienen su origen en el deterioro de los valores morales que hemos sufrido en los últimos años, pero todo se originó en 1959, cuando fue violado oficialmente el respeto de propiedad, con medidas que comenzaron expropiando latifundios y grandes compañías nacionales y extranjeras, hasta llegar, en 1968, a la expropiación de barberías, bodegas y hasta carritos de fritas. Ahora el régimen pretende que se respete la propiedad de un Estado que nació ladrón.
