Otra caja de Pandora se abre en Cuba.

                             Venta de medicamentos por "tarjetón"en una farmacia estatal en Cuba. (Archivo)
Autor: Miriam Celaya
Resulta imposible destapar una fracción de la realidad cubana sin exponer un aluvión de corruptelas

LA HABANA, Cuba.- Con fecha 28 de diciembre de 2017 el periódico Granma publicó un extenso artículo donde se destapa un grave hecho delictivo: la adulteración de medicamentos detectada en el laboratorio farmacéutico Reinaldo Gutiérrez, ubicado en el municipio de Boyeros, en la capital cubana, a partir de la sustitución de metilfenidato por placebo, este último un producto inocuo “utilizado para la limpieza de las máquinas una vez concluida cada producción de medicamentos”.
La información tiene como fuente un reporte entregado a Granma por la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República, e incluye una somera referencia a una lista de hechos delictivos detectados en el transcurso del año 2017, relacionados con la sustracción y el comercio ilícito de fármacos en diferentes entidades subordinadas a la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) BioCubaFarma, y con sus correspondientes procesos penales, sin profundizar mucho en los detalles.
No obstante, en el caso del referido laboratorio sí se mencionan los chivos expiatorios que suelen acompañar este tipo de noticias en los medios gubernamentales, a saber, una jefa de brigada de la máquina de blisteo, un operario, un jefe de turno y “estibadores de la empresa provincial minorista de medicamentos del Este” –es decir, solo personal de base relacionado directamente con el proceso productivo o con la manipulación y transporte de los fármacos–, quienes se afirma “recibieron en total sumas de efectivo superiores a 1500 CUC”.
Una cifra que constituye una verdadera nadería, en especial si se tiene en cuenta un sencillo dato que no mencionan Fariñas y Rodríguez en su artículo, pero que resulta de capital importancia por sus implicaciones: el metilfenidato es una sustancia psicoestimulante sintética –es decir, una droga– que eleva los niveles de dopamina y norepinefrina en el sistema nervioso central. Por su estructura molecular, el metilfenidato es similar a las anfetaminas, pero sus efectos –que inician aproximadamente 30 minutos después de ingerida la píldora y se prolongan por varias horas– son análogos a los de la cocaína, si bien menos poderosos.
Así, pues, estos malhechores sustraían, no la materia prima de, digamos, las dipironas, los hipotensores o los diuréticos –medicamentos éstos que escasean y tienen gran demanda entre la población– sino “casualmente” una sustancia psicotrópica… Pero las periodistas, (¿piadosamente?) pasan ese detalle por alto. ¿Será que en este Día de los Santos Inocentes la prensa oficial cubana pretende tomarnos el pelo? ¿Acaso se trata de engañar a la opinión pública nacional encubriendo lo que a todas luces es un comercio ilegal de estupefacientes, es decir, una red de narcotráfico dentro de la Isla?
Sin dudas, con la prensa oficial cubana sucede como con la lencería fina: resulta mucho más interesante y atractivo lo que se insinúa que lo que se muestra. Porque todo el texto conduce, además, a otras consideraciones de tipo administrativo sobre las que no se comenta absolutamente nada en el Granma, y que deberían implicar efectos penales para otras testas, mucho más elevadas que las de los delincuentillos atrapados en el caso y señalados en el texto de marras.
De manera que el lector se queda inmerso en un océano de interrogantes y muchas preocupaciones.
Pongamos en la palestra algunos cuestionamientos que emanan de este artículo publicado –no por la prensa enemiga ni por los voceros del Imperio para tergiversar la realidad y dañar a la revolución–, sino precisamente por el órgano oficial del partido comunista de Cuba:
Resulta obvio que (al menos) en el mencionado laboratorio no existe un adecuado control sobre las materias primas, incluyendo las que constituyen un fuerte potencial para el desarrollo de un mercado subterráneo de drogas en Cuba, con todo lo que ello implica;
no se realiza un adecuado control de calidad con un examen aleatorio sistemático y minucioso de los lotes de medicamentos producidos en el laboratorio de referencia, toda vez que salieron impunemente cantidades indeterminadas de placebo hacia la red minorista, en lugar de las tabletas con los componentes apropiados;
las cartas tecnológicas de los laboratorios farmacéuticos pueden ser fácilmente violadas por personas inescrupulosas que trabajan en esta industria;
la maquinaria del laboratorio es susceptible de ser utilizada a voluntad por operarios y otros trabajadores;
no existe un sistema de vigilancia eficaz sobre el proceso productivo a pesar de que se manejan sustancias psicoestimulantes que –como es informalmente conocido– están comenzando a inundar muchos barrios y sitios puntuales muy concurridos de la capital cubana.
Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿qué garantías hay de que estas y otras violaciones no se estén cometiendo en otros laboratorios, incluyendo la producción de fármacos que se exportan a otros países?; ¿a quién pueden demandar los padres de los niños que –según refiere el artículo– estuvieron consumiendo tabletas adulteradas, sin efectividad alguna para el tratamiento de su enfermedad?; ¿cuán serias y confiables pueden ser las certificaciones que avalan la producción de medicamentos en Cuba?;¿hasta cuándo se seguirá omitiendo la inexcusable responsabilidad de todos los directivos de la industria farmacéutica y otros funcionarios relacionados con ésta, desde los más cercanos al proceso productivo hasta el flamante presidente de BioCubaFarma, señor Eduardo Martínez Díaz y el propio Ministro de Salud Pública, doctor Roberto Morales Ojeda?;¿en verdad alguien se cree que “la preparación del personal, el sentido de pertenencia, los valores éticos y morales y la formación político-ideológica” serán estrategias eficaces para erradicar los delitos que en el artículo son eufemísticamente llamados “hechos extraordinarios”?
Seguramente sin proponérselo, estas corresponsales del Granma han puesto el dedo sobre una llaga que, si lo piensan bien, tal vez hubiesen preferido dejar oculta, porque lo cierto es que la podredumbre de la realidad cubana de hoy es tan general e incontrolable que resulta imposible destapar una fracción de ella sin exponer un aluvión de corruptelas que salpican incluso los pies más egregios, tal como si se tirase porquería contra un ventilador.
Han abierto otra caja de Pandora que, con toda seguridad, tendrá algunas secuelas… quizás algunas de las cuales no estaban previstas. Son los riesgos de la profesión, incluso para aquellos que dejan preterido el compromiso con la verdad para postrarse a los pies de las ideologías.
(Este artículo fue publicado originalmente en CubaNet)

Detrás de las performances

 

 Por Miriam Celaya
LA HABANA, Cuba. — Durante los días finales del año 2014 y los primeros tres del 2015, han estado doblando las campanas por la artista Tania Bruguera y la ola de detenciones que despertó su anuncio de la performance El susurro de Tatlin #6, con el que pretendía ofrecer un minuto de libertad de expresión a los cubanos “de a pie” de la Isla, ante un micrófono abierto, en la mismísima Plaza “de la Revolución”.
Las autoridades respondieron con su violencia acostumbrada, deteniendo y arrojando a los calabozos a varias decenas de disidentes, entre activistas opositores, periodistas y otros miembros de la sociedad civil independiente, algunos de los cuales ni siquiera tenían la intención de participar del acto y fueron apresados solo por el delito de salir de sus casas en el día “equivocado”.
Los comentarios sobre el tema han pululado en los medios digitales. No podía ser menos tratándose de una reconocida y galardonada artista como Bruguera, con una prolífica trayectoria, aunque casi una total desconocida por los potenciales destinatarios de su performance.
Tania Bruguera, en fin, ha sufrido el mismo destino que los opositores y otros miembros de la sociedad civil independiente vienen enfrentando desde décadas atrás: la censura y represión del régimen, a la vez que la proverbial ignorancia –sea por desinformación o por abulia– de esos mismos “cubanos de a pie”. Así, se reafirma la imperiosa necesidad de poner al alcance de todos los cubanos la capacidad de información que les permita el empoderamiento cívico y la disposición para erigirse protagonista de los cambios.
¿Torpeza o intención?
Las razones de Tania Bruguera para la realización de su performance son harto conocidas y están más que justificadas. La represión orquestada por el gobierno cubano, en cambio, si bien predecible, resulta contraproducente en un momento en que debería esforzarse por ofrecer un rostro más tolerante.
El General-Presidente ha perdido una oportunidad de oro para anotarse un tanto ante la opinión pública internacional, haciendo gala de una torpeza tan escandalosa que solo se entendería si tuviera la deliberada intención de lanzar un desafío a las posiciones conciliadoras de Barack Obama y al mundo democrático en su conjunto.
Cualquier conocedor de la realidad cubana sabe que a la dictadura le hubiese resultado muy fácil aniquilar el “efecto Tatlin” y, de paso, hacer quedar en ridículo a la artista, utilizando sus métodos habituales. A saber, permitir que ésta montara su tribuna y sus micrófonos, controlar o impedir la entrada de los “contrarrevolucionarios” –probablemente los únicos cubanos que se hubiesen atrevido a ejercer la libertad de expresión públicamente y decir de viva voz sus opiniones y exigencias–, movilizar a sus militantes más fieles (y también a los militontos útiles) para llenar el espacio y hacerles tomar los micrófonos para lanzar las acostumbradas loas a la revolución y a sus líderes.
Incluso, podría haber utilizado a sus agentes infiltrados en las filas opositoras para ofrecer el “rostro rabioso” de los que quieren acabar con el paraíso socialista, haber simulado apoyo a la obra de Bruguera compartiendo el espacio de la Plaza con obras de La Colmenita, o celebrando simultáneamente cualquier otro “acto cultural” con la participación de los numerosos artistas que usualmente se prestan para tales casos. Con seguridad, hubiese sido un evento multitudinario y el General-Presidente hubiese demostrado al mundo, a la vez que la existencia de “la más auténtica y espontánea libertad de expresión del pueblo cubano”, la firme adhesión de éste a la revolución y a sus incuestionables conquistas.
Eligió, sin embargo, la brutalidad, con una desproporcionada reacción oficial que lanza señales equívocas, incongruentes con el clima de distensión que debería comenzar a respirarse con el entierro de las hachas de guerra después de medio siglo de confrontación con el enemigo natural de los pueblos. Pero, ¿realmente alguien esperaba otro resultado?
Detrás de las performances
No faltan quienes se preguntan, a raíz de los sucesos, si la performance de Tania Bruguera valió la pena, ya que fue ocasión para que se desatara la represión en unas fechas en que las tradiciones familiares son de celebración y paz. La respuesta a esto depende de los objetivos de la artista, no de la reacción del gobierno cubano. Si la intención era llamar la atención de la opinión pública internacional sobre el carácter dictatorial del régimen, el mero propósito tuvo éxito, y valió la pena. Pero el costo, a saber, la réplica represiva de las autoridades, es lo habitual en Cuba –como bien conoce la sociedad civil independiente de la Isla, con décadas de resistencia frontal contra el gobierno–, y la artista no es responsable de esto.
En otro orden, todo ejercicio cívico de derechos y la libre expresión valen la pena, sea éste una performance o sencillamente una práctica cotidiana, pero tampoco hay que magnificar los hechos ni atribuir a la tentativa de un evento artístico la capacidad de “entorpecer la normalización” de las relaciones entre Cuba y EE UU. Definitivamente, la tendencia al drama es uno de los males que arrastramos los cubanos y que nos convierte en miopes políticos.
Ahora bien, pretender que “los cubanos de a pie” –no los opositores “mercenarios” ni los desobedientes habituales– harían uso espontáneo de micrófonos abiertos en una plaza pública (y en particular en “esa” plaza) para hacer reclamos ciudadanos y exigir derechos al gobierno, es una ingenuidad, una utopía o una combinación de ambas cosas. La idea es bella y romántica, pero se distancia enormemente de la realidad. No idealicemos: que los cubanos comunes, sumergidos en la supervivencia, necesiten de espacios de libertad no significa que estén preparados para retar abiertamente al gobierno, en particular si después de las performances seguirán atados irremediablemente a esta cárcel insular. Se requiere mucho más para vencer el miedo a un minuto sobre una tribuna y ante un micrófono.
Un apresurado sondeo es suficiente para comprobar que los destinatarios del acto no se enteraron. De hecho, ni la propuesta artística ni la ola de detenciones asociada han trascendido a la opinión pública nacional.
Los habaneros que el pasado 30 de diciembre observaron el inusual despliegue policial en las áreas aledañas a la Plaza nunca supieron de qué se trataba, y probablemente tampoco le dieron mayor importancia. Hay que entenderlos: eran días de había feria agropecuaria y, para colmo, en muchos municipios se estaba distribuyendo el pollo “de población”.
No es cinismo, sino realismo. En materia de derechos, a los cubanos nos queda un largo camino por recorrer, que incluye –por cierto– superar la tentación de colocar sobre la mesa del despacho presidencial estadounidense las exigencias que tendrían que responder las autoridades de la Isla. Al menos tal es la opinión de esta cubana, para quien el ejercicio de la libertad de expresión ha sido siempre una práctica, no una performance.
 http://www.cubanet.org/opiniones/detras-de-las-performances/

Así van las cosas por mi país: "Seguridad del Estado intenta frenar posible manifestación masiva"

 

Martes octubre 29/2013
por Miriam Celaya
LA HABANA, Cuba, octubre de 2013, www.cubanet.org.- En los últimos días han estado circulando algunos rumores sobre una supuesta “huelga” o “manifestación” de cuentapropistas que tendría lugar en la capital cubana el próximo 1ro de noviembre. No se trata de un comentario extendido en la sociedad, sino que se limita al sector de estos trabajadores privados, a partir de las contramedidas oficiales que apuntan al aumento de los controles a los pequeños comercios familiares de venta de ropas.
Hay quienes aseguran que esta convocatoria a la protesta pública y pacífica -con una marcha que culminaría en la Plaza Cívica (Plaza de la Revolución)- fue convocada “desde afuera”, mientras otros afirman que la iniciativa es de un grupo de cuentapropistas que han sido afectados por las últimas restricciones gubernamentales, particularmente nocivas a los que comercian artículos de vestir y que en breve alcanzará a otros negocios privados.
Ciertos o no los rumores de la protesta, algunos locales de Centro Habana, de esos que alguna vez fueron comercios, en los que se agrupan varios trabajadores privados que ofrecen servicios, ya sea de ventas de artículos como de reparación de equipos y hasta gimnasios para fisiculturistas, han sido visitados por agentes de la Seguridad del Estado (“agentes del DTI”, según algunos testimonios), quienes han advertido a los cuentapropistas que “no se van a permitir desórdenes ni alteraciones”.
Sobre la posibilidad real de que se produzca una manifestación autónoma en Cuba sin que sea sofocada incluso antes de que se inicie, existen sobrados motivos para la duda. De hecho, hay quienes afirman que ya los grupos de potenciales marchantes han sido penetrados por la policía política, algo que no constituye una novedad. No obstante, las medidas gubernamentales que siguen limitando o asfixiando al sector privado están acentuando el descontento en un sector que ha comenzado a reconocerse a sí mismo como independiente, legítimo y autofinanciado y a mediano plazo no sería suficiente la inserción de agentes para contener los reclamos. Más aún, no son pocos los privados que ya ven al Gobierno-Estado-Partido como el ente que parasita sobre ellos y no como el benefactor que hasta hace poco garantizaba ciertas prestaciones sociales.
Otros rumores han estado anticipando que la vuelta atrás sobre otros negocios particulares se ampliará, incluyendo a los cines de 3D que proliferan en varias provincias, muy especialmente en la capital, lo que anuncia la ampliación del diapazón de descontentos que se sumarían al coro de protestas.
Si los nuevos edictos de la casta verdeolivo generarán un nivel de inconformidad suficiente como para generar un movimiento de protesta y, eventualmente, convertirse en una fuerza social alternativa, es algo que está por verse. Sin embargo, el despliegue de agentes represores alrededor de los comerciantes privados evidencia la preocupación del gobierno ante la potencialidad de un sector que, en las actuales circunstancias, reúne las mayores y mejores condiciones para plantar cara al poder.
En todo caso, aunque la mencionada protesta de cuentapropistas no llegara a producirse, la acusada inquietud de los representantes del gobierno ante un simple rumor debería servir de botón de muestra a los trabajadores privados sobre su potencial movilizador para transformar la realidad de la Isla, no ya desde las magras e ilusorias “aperturas económicas” dispensadas desde la cúpula en función de los intereses del poder, sino desde los intereses, las necesidades y la voluntad de los sujetos independientes. Un efecto no deseado y mal calculado por el General-Presidente cuando decidió destapar la Caja de Pandora de sus “reformas”.

Así andan las cosas por mi país. La conjura de "La Divina Pastora"

Miriam Celaya | La Habana | 30 Sep 2013 - 6:48 am. | 21

El restaurante La Divina Pastora, al fondo, en el Morro habanero.

Un título tan cursi podría parecer sacado de la más mediocre novela negra, sin embargo, se refiere a hechos reales: el restaurante La Divina Pastora, perteneciente a la corporación Gaviota, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), enclavado en áreas del Parque Histórico Morro-Cabaña, en La Habana, ha sido cerrado para iniciar un proceso de licitación. Sus trabajadores han quedado "disponibles" en la "bolsa de trabajo", en espera de una futura "reubicación". Son las nuevas víctimas de otra conjura de la mafia verdeolivo.
Ninguno de ellos vio venir el golpe. Frustrados y profundamente preocupados por la pérdida de sus ingresos y la angustia del desempleo, los 23 trabajadores han dirigido cartas de reclamación a diferentes instancias, incluyendo el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Hasta el momento no han recibido respuestas.
No obstante, muchos de ellos se resisten a asimilar lo ocurrido, sin comprender que la conspiración estaba cuidadosamente planificada en detalle por los jerarcas de uniforme. Hay quienes, ingenuamente, creen que todavía hay esperanzas de solución. Pero la suya es una batalla perdida: desde un principio la suerte estaba echada y su destino sellado. Los intereses económicos de la cúpula militar no se detendrían por nimiedades tales como respetar los trabajos de un puñado de individuos perfectamente prescindibles.
La conjura
Meses atrás comenzó a rumorearse que La Divina Pastora estaría entre los restaurantes que formarían parte del experimento piloto de las cooperativas no agropecuarias que se proponía desarrollar el Gobierno, inmerso en sus controvertidas "reformas". En un inicio, los trabajadores se preocuparon ante la posibilidad de que esto provocara un plan de despidos para lograr una mayor rentabilidad y eficiencia, propias de una empresa cooperativa; pero bien pronto se entusiasmaron ante la perspectiva de trabajar de manera autónoma e incrementar los ingresos personales, incluso sin incurrir en el riesgo de las ilegalidades que pululan en todos los establecimientos estatales, en particular los que operan con moneda convertible, como es el caso.
Para mayor ventura, "desde arriba" se les aseguró que no habría despidos. Esto disipó las reservas iniciales y provocó las expectativas de los que pensaban que sería un nuevo y ventajoso comienzo en un restaurante de posición privilegiada, justo a la entrada de la bahía de La Habana, en la fortaleza de La Cabaña, al otro lado de la ciudad: una vista panorámica de la capital y una plaza frecuentada por numerosos turistas extranjeros.
La primera sorpresa sobrevino cuando en una Mesa Redonda de la TV, dedicada al tema, un periodista declaró que "los trabajadores de La Divina Pastora" no querían cooperativizarse. Atónitos ante semejante calumnia, éstos escribieron al programa, reclamaron al Instituto de Radio y Televisión y elevaron su queja por escrito a las más diversas instancias. Los medios oficiales no rectificaron el error y con el paso de los días incorporaron el incidente como un pequeño desliz involuntario, quizás debido a una desinformación o confusión de los responsables del programa.
Poco después el presidente de la corporación Gaviota, en persona, se presentó conciliadora y paternalmente en el restaurante ante los trabajadores y, entre otras cosas, les explicó que la cooperativa sería algo positivo, favorable para todos, y que formaba parte fundamental de las transformaciones económicas que constituían imperativos para el país. Era un plan priorizado del Gobierno, ineluctable. Así, pues, debían elegir a cuatro de ellos, en representación de todos, para que recibieran un seminario acerca de lo que sería la empresa cooperativa y las características del proceso de transformación al nuevo modo de explotación del restaurante.
Los representantes elegidos, en efecto, pasaron su seminario y pusieron el mayor empeño en actualizarse sobre el asunto, mientras las expectativas de sus compañeros subían de punto ante la inminencia del cambio.
El golpe
Un primer impacto contra las ilusiones llegó cuando, en otra reunión, a los empleados aspirantes a cooperativistas se les habló de impuestos y de cifras concretas. Eran sencillamente astronómicas. Según los parámetros que se les impondrían, tendrían que abonar, además de todos los impuestos por disímiles conceptos, 40 CUC por cada metro cuadrado de superficie ocupada, incluyendo las áreas de parqueo, las cuales —por razones obvias— no generan los mismos ingresos que el salón-restaurante propiamente dicho.
Y esa era la menor de las cifras que escucharían: para iniciar la cooperativa se imponía que aportaran un adelanto de 116 mil CUC, un monto definitivamente alucinante. Cundió una sensación de irrealidad que se expandió como un cuerpo sólido en medio de la reunión y arrancó un clamor general. Aquello debía ser un error, no podía ser serio. Con seguridad alguien se había equivocado. ¿De dónde podrían obtener ellos una cifra tan elevada de dinero? Pero no, la cifra había sido asignada ya por los especialistas y la directiva de Gaviota. ¡Ah, compañeros, hay que pedir un crédito bancario y acordar con éste los plazos de devolución y los intereses!
Se decidió que una representación de los trabajadores iría al Banco a solicitar el préstamo y acordar las condiciones. Nadie quería descorazonarse.  
El Minfar: ¿un paraíso fiscal en sí mismo?
La amable empleada del Banco no entendía qué era lo que solicitaban aquellas personas. ¿De qué crédito estaban hablando?, ¿sobre qué fondos creían que podían acceder a un préstamo, en especial tan elevado? De hecho, les explicó, La Divina Pastora jamás había ingresado un centavo a las arcas del Banco. Es más, Gaviota misma no había realizado ingreso alguno en todos sus años de existencia, por ningún concepto, como si de una entidad fantasma se tratara. ¿Y entonces, qué podían hacer los trabajadores? La gentil empleada bancaria no sabía; solo conocía lo que no podían hacer: obtener crédito.
Ahora bien, más allá del drama de un colectivo de trabajo, esto lleva a consideraciones de otra naturaleza en un país donde, al menos de jure, se está librando una batalla tenaz contra la corrupción y las ilegalidades, para lo cual el General-Presidente ha creado una implacable Contraloría provista de los más rigurosos registros, que opera a través de un inflexible cuerpo de inspectores en coordinación con la PNR. Los carretilleros, merolicos, pequeños comerciantes y toda suerte de timbiricheros podrían dar fe de los frecuentes operativos e inspecciones fiscales a que son sometidos regularmente y del monto de las multas que se imponen, además de otras reconvenciones ante la menor violación (o sospecha de ella) en que incurran.
Pero, asumiendo como cierto que no existen rastros visibles de los movimientos financieros de la corporación "estatal" Gaviota en el Banco (también estatal), si se ignoran sus ingresos e inversiones y sus cuentas son absolutamente desconocidas, ¿cómo se aplicarían a ella los chequeos de contraloría? ¿En virtud de qué derechos supra-constitucionales estaría una corporación militar exenta de escrutinio fiscal? ¿Acaso se podrían considerar sus finanzas como "información sensible" y por tanto, secreta, solo por ser una entidad económica del Minfar, aunque eminentemente capitalista?
Y se trata ésta de una corporación que agrupa tanto restaurantes como hoteles en diferentes locaciones turísticas del país, bases de transporte, tiendas y otros establecimientos, es decir, con ingresos significativos, y en la que —además— laboran miles de trabajadores civiles que pagan seguridad social y cobran salarios, vacaciones y otras prestaciones como la maternidad, las licencias médicas, etc. ¿No existe un registro bancario de los cobros e ingresos de ellos por estos conceptos?
Sin dudas, hay decenas de preguntas sin respuestas en este como en otros macronegocios de la élite verdeolivo. Sabemos que dicha élite no mercadea con timbiriches. Al menos nadie ha visto a ningún militar de charreteras arrastrando una carretilla de viandas, hortalizas y frutas por nuestras calles, ni vendiendo bisutería u otras mercaderías corrientes en pequeños locales; la humildad solo es buena en los discursos. Todo sugiere que en Cuba circulan tres monedas: dos de ellas visibles, el CUC y el CUP, y una invisible e irrastreable, el capital de los monopolios militares.
Por eso no es de extrañar que, ante la evidente incapacidad financiera de los trabajadores de La Divina Pastora, y ante sus quejas y reclamaciones, nuevamente se presentó ante ellos el señor director de Gaviota, esta vez ceñudo, autoritario e investido de todos los poderes, y les espetó sin ceremonias que las cifras asignadas por concepto de impuestos sobre el espacio, así como el capital inicial, "no eran negociables". Telón.
Epílogo
A los atribulados trabajadores les fue informado que el viernes 20 de septiembre de 2013 el restaurante quedaría cerrado y se procedería a su licitación. Porque resulta que ya hay (en realidad siempre hubo) un inversor con capital disponible para asumir la "cooperativa". Como habrán adivinado los lectores, se trata de un miembro prominente de la casta de los ungidos que seguramente no precisó de un crédito bancario ni de una declaración de ingresos para colocar el dinero requerido.
En cuanto a los trabajadores, bien, gracias, cada uno en su casa procurando tragar el buche amargo. Quizás se estén preguntando de qué valió que durante años pagaran puntualmente sus cotizaciones al sindicato, que asistieran a las marchas "revolucionarias" convocadas por el mismo poder que ahora los desalojó, y que —procurando "no señalarse"— obedecieran mansamente y sin rechistar cada orientación de las alturas. Por el momento, solo esperan que alguien les explique a qué se refería el presidente de Gaviota cuando les dijo que "nadie quedaría desamparado".
Tomado de:
http://www.diariodecuba.com

Alcholismo, corrupción y otros demonios

"En un país donde la vida ofrece más frustraciones que expectativas no es de extrañar que el alcoholismo haya alcanzado niveles francamente alarmantes."

 

 

 Por Miriam Celaya
La sorpresiva divulgación en los medios oficiales de algo que ha ocurrido silenciosamente en ocasiones anteriores (envenenamiento por etanol), pudiera  responder a varios factores relacionados entre sí: la conveniencia de cumplir la orientación gubernamental a la prensa acerca de dar cobertura informativa a la “lucha contra la corrupción”, el interés de ofrecer la imagen de un gobierno sensibilizado con lo que acontece en la sociedad, mostrar la presunta efectividad de las instituciones de la salud y del orden interior para enfrentar estas adversidades , aprovechar los hechos como escarmiento moralizante, entre otros motivos que seguramente se me escapan.
Por supuesto, noticias como éstas deben divulgarse siempre en la prensa, amén de segundas o terceras intenciones relacionadas con las coyunturas políticas y estratégicas del gobierno, solo que sería mucho más efectivo hurgar en la esencia del asunto y no solamente en su efecto externo e inmediato. Porque de lo que se trata aquí no es del simple caso de personas inescrupulosas que trafican sustancias tóxicas para el consumo de algunos grupos de individuos de los sectores menos favorecidos de la sociedad, sino de la conjunción de muchos males de la realidad cubana actual, expresados en una situación de la cual  autoridades y  medios oficiales son también parte y corresponsables.
Este suceso ocurrido en un barrio habanero nos coloca ante la punta de un iceberg de una crisis generalizada por el descalabro económico, el fracaso de la utopía, la ausencia de perspectivas, la desesperanza y la pérdida de valores. La descomposición general del sistema se refrenda en todas las esferas y niveles de la vida nacional, superando con creces la capacidad gubernamental para enfrentar la crisis. Es la metástasis de un “modelo” mortalmente enfermo, imposibilitado de curar la insalubridad moral de la nación.
Esta vez se combinaron la corrupción galopante, la extendida adicción al consumo de alcohol y el bajo poder adquisitivo de sectores muy humildes de la población, factores todos que favorecen el tráfico de diversas sustancias tóxicas, así como de otros productos de índole tanto o más macabra, como el conocido caso del tráfico de grasa humana sustraída del crematorio de Guanabacoa y comercializada como grasa comestible en el mercado ilegal, ocurrido pocos meses atrás, o de la venta de carne de animales robados de laboratorios y portadores de diversas enfermedades. Solo en las deterioradas condiciones de Cuba o en sociedades tan deformes como la nuestra se podrían producir hechos similares.
El comercio ilícito de alcohol está ampliamente extendido en la Isla. En la capital, casi la totalidad de los barrios  populares cuentan con uno o varios expendedores de  estas bebidas, procedentes tanto de alambiques clandestinos como del robo de las redes legales de almacenes y comercios. El gracejo criollo ha bautizado estos brebajes con diferentes nombres que traducen en la norma del lenguaje marginal los efectos de su ingestión: mofuco, risa e’tigre, el hombre y la tierra, chispa e’tren, y otros similares.  Se trata de un tráfico y consumo que, si bien siempre han existido, se expandieron a partir de la crisis de la década de los 90’, cuando incluso la cartilla de racionamiento, incapaz de mantener los relativamente considerables subsidios de años anteriores, garantizaba una cuota de ron mensual para cada núcleo familiar.
El alcohol afecta la memoria
Por eso, pocos cubanos recuerdan aquellas reuniones semanales de los dirigentes del Partido y del Poder Popular, televisadas cada martes, a las que el ingenio popular bautizó como “Reunión de los Gordos” debido al rozagante aspecto de sus protagonistas en contraste con la población enflaquecida y hambrienta, en una de las cuales el entonces Primer Secretario del Comité Provincial del PCC, Jorge Lezcano, expresó cínicamente que “lo que no podía faltar a la población era el ron”. El consumo de alcohol fue, pues, una política oficial destinada a embotar el pensamiento de las masas: alcohol para olvidar las frustraciones en medio de las peores carencias que recuerda la historia cubana de la última centuria.
Con el paso de los años no han mejorado las expectativas sociales y se ha incrementado el consumo de alcohol, a la vez que ha disminuido notablemente la edad promedio de sus consumidores. En un país donde la vida ofrece más frustraciones que expectativas no es de extrañar que el alcoholismo haya alcanzado niveles francamente alarmantes.
Por ahora, el caso de los beodos de La Lisa ya ha salido de los medios y pronto será olvidado entre efluvios etílicos y otros imperativos. No sabemos si las víctimas sobrevivientes serán los cornudos y apaleados del momento, y como tales, inculpados por el delito de receptación. Tal vez los trabajadores que sustrajeron el alcohol metílico de un almacén propiedad del Estado y los encargados de la dirección y administración del mismo serán los chivos expiatorios más castigados en esta ocasión. Las responsabilidades serán depuradas solo hasta un nivel razonable. De cualquier manera, cada quien volverá a beber lo que pueda y la saga de ilegalidades continuará su marcha indetenible, mientras los máximos culpables de tanto desastre continuarán impunes.
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