A condición de no revelar sus nombres en la prensa, dos pescadores dijeron a este corresponsal que, el mismo sábado, la seguridad del Estado se había personado en el establecimiento pesquero, para decirles que, en cumplimiento del convenio migratorio Cuba-USA, ellos habían informado y la embarcación había sido interceptada por los estadounidenses y entregada con sus tripulantes al gobierno de Bahamas.
Según los pescadores contactados, la seguridad del Estado les informó que los cubanos serían devueltos a la Isla, pero que de aquí, llegado el momento, debía enviarse una tripulación para traer de regreso el ferrocemento.
De ser retornadas a Cuba, estas personas pueden enfrentar una sanción de tres a ocho años de privación de libertad según el artículo 216.2 del Código Penal cubano, toda vez que para apropiarse de la embarcación se empleó violencia e intimidación en sus custodios, los que, según sus declaraciones, fueron desarmados y maniatados.
Los custodios, la tripulación del ferrocemento y la dirección del establecimiento pesquero ya fueron despedidos de sus puestos, dijeron pescadores a este corresponsal.
Una fuente solvente dijo que el propio general Raúl Castro había enviado a Las Tunas a un oficial de nivel superior para hacer que se depuraran responsabilidades en este caso del ferrocemento.
Oficiales de diferentes mandos del Ministerio del Interior pueden ser purgados por graves negligencias en el servicio.
A esta hora, sin que hayan trascendido los nombres, sólo se sabe de dos residentes de Puerto Padre involucrados en este suceso, ambos patrones de barcos graduados de la escuela de pesca, uno de 21 años de edad, de los que hasta este momento sus familiares desconocen su paradero. Todo indica que los restantes participantes, de los que aquí no se conoce una cifra exacta, residen fuera del municipio.
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