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domingo, 6 de noviembre de 2011

Corrupción en Cuba:Entre pillos anda el juego

Por: Antonio Arencibia, España

¿Qué sucede cuando en breve plazo en La Habana investigan a un negociante británico de origen libanés, un alto funcionario azucarero, a un ex escolta presidencial chileno, y a un par de empresarios tabacaleros y telefónicos?  
Más de un “especialista” dirá que se trata del raulismo combatiendo la corrupción, pero si se admite que es así, no queda más remedio que señalar:
a) que se ha desatado una verdadera epidemia, o
b) que bajo Fidel Castro no se le prestaba atención a esa lacra si no era por razones políticas. 
Ese conjunto de autoridades, funcionarios y empresarios criollos y extranjeros corruptos llevados a juicio por la fiscalía, (después de una estancia poco cómoda en Villa Marista), y acusados de obtener dineros, recursos materiales o beneficios del manejo de negocios públicos, son muy parecidos a sus precursores de la República “neocolonial”.
Recuerdo en las décadas de los 60 y de los 70, las clases de Historia que estudiaban las fechorías de los gobiernos de José Miguel Gómez, (Tiburón se baña pero salpica), Ramón Grau (el robo de la Causa 82), o de Carlos Prío (la falsa incineración de papel moneda).
El objetivo de aquel estudio era convencer a los alumnos de Secundaria, comparando a los políticos de antaño con el supuesto proceder de los dirigentes de una Revolución que se las daban de puritanos.
Para empezar, no nos vamos a detener en la piñata inicial de los “revolucionarios” con las propiedades de los jerarcas batistianos, y las de los grandes empresarios y comerciantes.
Y como hay textos y testimonios abundantes no es necesario tampoco abordar esa larga etapa 47 años de sultanato Castrista, en la que salían de la Reserva del Máximo Líder prebendas disfrazadas de regalos en forma de Mercedes Benz, Rolex, Ladas, viajes y viviendas, que solo se daban a conocer, para escarmiento de cuadros y escándalo del populacho, cuando éste destituía a alguno de sus favoritos.
Debemos centrarnos en estos tiempos en que ya Fidel Castro ni dirige ni escribe el libreto, y no es más que una imagen pintada como telón de fondo en el teatro político nacional.
El problema está en que los actores, (los mismos de siempre), no se saben el nuevo papel y la obra que se estrena, de género novedoso, se llama “Socialismo con mercado”.
 Ese es un problema no solo para los protagonistas, sino para los actores secundarios, los tramoyistas, los utileros, y hasta para los acomodadores de la sala.
 Como consecuencia, algunos que no le ven futuro a sus ocupaciones, tratan de agenciárselas como pueden según el refrán marxista modificado para tiempos difíciles: De cada cual según su posición a cada cual según su malversación.
Porque si Raúl Castro pretende que se incremente cierta acumulación monetaria en manos de ciudadanos privados como resultado de trabajar una buena cosecha, de fabricar y vender pizzas, o de conducir autos de alquiler, los aparatchiks de segundo nivel quieren prepararse para el momento en que el dinero juegue su papel en Cuba.
Por eso hoy conviene recordar y aplicar la tesis de un historiador criollo de que al inicio de la República la rapiña de los funcionarios se debió a la ausencia de una burguesía nacional, por lo que la burocracia se convirtió en cleptocracia, buscando el ascenso social mediante capital acumulado por el robo del Tesoro público.
 ¿Y qué acumulación legítima de dinero pudo darse en Cuba después de las nacionalizaciones de pequeñas empresas durante la Ofensiva Revolucionaria de 1968?
 El estado neocastrista se dirige hacia un ajuste del sistema mediante dos objetivos contradictorios: el incremento de la productividad y el control del mercado.
 No basta con que inauguren cursos empresariales para funcionarios del estado y del partido.  
Donde no hay estado de derecho para los ciudadanos, ni verdadero derecho mercantil y arbitraje nacional, y el régimen no admite el arbitraje comercial internacional, los inversionistas extranjeros individuales solo tienen garantías cuando -como en el caso de España- su país de origen se ha arriesgado a respaldar los contratos.
 En esa atmósfera se mueve un cierto capitalismo aventurero, -a veces tremendamente ingenuo-, acostumbrado a la corrupción endémica de los funcionarios de países subdesarrollados.
 Pero los “capitanes de industria” en Cuba tropiezan con una cúpula militar mafiosa, que retiene el derecho a la última palabra aún después de haber llegado a acuerdos.
 Los que buscan atajos en las negociaciones con funcionarios de otro nivel pueden terminar, si no son arrestados, con el pasaporte retenido mientras se les investiga.

Los funcionarios criollos que se arriesgan a ese tipo de trapisondas. y a otras similares, como el ex ministro de la Alimentación, el viceministro del Azúcar, o el ex presidente de Alimport, saben a lo que se arriesgan.
 Para frenar la corrupción creciente Raúl Castro ha ubicado a su hijo y asesor, el Coronel Alejandro Castro Espín, al frente de una campaña nacional, aunque quien da los resultados de las auditorías es Gladys Bejerano, Contralora General de la República.
 Según la Bejerano, en julio de este año, de 132 empresas de La Habana inspeccionadas, sólo el 55 por ciento recibieron la calificación de aceptable, y dijo que esto representa “un retroceso… cuando se compara con el anterior proceso”.
 El papel del hijo de su Papá y el de la mal llamada “Dama Anticorrupción” no es otro que evitar que cada vez más funcionarios de todos los niveles imiten a Alí Babá, quien -según el cuento- entró en la cueva de los cuarenta ladrones y les robó sus tesoros.
 No es un espectáculo muy edificante, pero hay verlo con cierta distancia.
 Después de todo, entre pillos anda el juego.

La Corrupción en Cuba

Políticos y funcionarios corruptos son todos aquellos que  se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse, usando métodos sucios como el  soborno, el cohecho, el desvío y la malversación de recursos materiales del Estado, y la utilización, a conveniencia personal, de los recursos humanos a su disposición; subordinados a su mando a los  que les exigen  lealtad, compromiso,  y disposición a cumplir las  leyes absurdas que favorecen la corrupción, por encima de todo, aún a sabiendas de que esas leyes perjudican los intereses de toda la nación.
La corrupción se manifiesta  a través de la carencia de sentimientos, de escrúpulos, de principios morales y humanos. Es la personificación de la perversión, de la degeneración, del vicio, de la putrefacción y de la  miseria humana.
 El Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
La define de la siguiente manera:
Corrupción:
1.Entrega o aceptación de dinero o regalos para conseguir un trato favorable o beneficioso, especialmente si es injusto o ilegal.
2   Alteración de la forma o la estructura original y verdadera.
3   Degeneración de la moral y las costumbres.

En Cuba la corrupción se manifiesta a todos los niveles de la sociedad, desde la cúpula gobernante hasta el ciudadano común, simple empleado del gobierno ( Más del 85 % de la fuerza laboral cubana está conformada por  empleados o funcionarios del Estado).

Corrupto es el médico que, para atender bien a un paciente, hay que hacerle un "regalo especial"; corrupto es el maestro que favorece a los alumnos que le ofrecen dinero u otros regalos  a cambio de obtener buenos resultados en los exámenes o simplemente para que les justifique sus ausencias a clases por estar involucrados en otras actividades, generalmente vinculadas con la prostitución. 
Corrupto es el cubano de a pie que, directa o indirectamente, chantajea al vecino ocupado en ganarse la vida en el mercado negro, ya que si no obtiene favores de éste es capaz de denunciarlo ante el CDR,  o ante la policía política. 
Corrupto es el empleado de almacén, de comedores públicos, etc, que se roba  la comida destinada a la alimentación de enfermos, de  niños, de estudiantes o de otros trabajadores.
La corrupción es un mal que, para arrancarlo de raíz, requiere de la eliminación total de las causas que la generan.
En Cuba la tiranía castro comunista  ha durado tantos años, entre otras cosas, porque lejos de erradicar la corrupción existente en el país en la primera mitad del siglo pasado, a partir de la toma del poder en 1959, la fomentó, la aupó, la aplaudió en silencio  y la ha usado para comprometer a sus aliados de modo tal que son, precisamente los más corruptos los más fieles servidores y defensores del régimen totalitarista, absolutista, castro comunista y mafioso que preside Raúl Castro como sucesor, no electo por el pueblo, de su hermano, otrora comandante en jefe, hoy momia Fidel Castro.
Esperanza E Serrano

sábado, 5 de noviembre de 2011

Sólo un 6 % de las viviendas cubanas están inscritas en el Registro de Propiedad.


El trámite es ahora obligatorio para las operaciones de compraventa autorizadas por el Gobierno.
Apenas un seis por ciento de las viviendas en Cuba están inscritas en el registro de propiedad, por lo que el Gobierno ha llamando a utilizar ese trámite como "garantía jurídica" y lo ha impuesto como requisito para las operaciones de compraventa legalizadas en el país, informa EFE.
Desde que en 2003 el Gobierno abrió la inscripción de los títulos, poco más de 200.000 viviendas han sido registradas, lo que representa un seis por ciento de los inmuebles de propiedad personal en la Isla, informó el diario oficial Granma.
Según datos del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), Cuba tiene un fondo de 3.700.000 viviendas y de ellas aproximadamente un 85 por ciento se encuentra en régimen de propiedad individual.
Potencialmente todos esos inmuebles podrán ser vendidos por sus propietarios a partir del próximo 10 de noviembre, tras la aparición esta semana de un decreto firmado por Raúl Castro que elimina prohibiciones vigentes durante décadas y flexibiliza la transmisión de la propiedad.
La medida es parte del plan del Gobierno para "actualizar" el modelo económico socialista. En concreto, legaliza la compraventa y facilita otras operaciones como la permuta, donación o adjudicación.
Las acciones de transmisión de propiedad de vivienda estarán sujetas a impuestos y en el caso de la compraventa será de un cuatro por ciento sobre el precio del inmueble.
Las autoridades han informado que los propietarios solo podrán iniciar estas operaciones si tienen su domicilio en Cuba y su inmueble está inscrito en el registro de la propiedad.
La presidenta del INV, Oris Silvia Fernández, citada por Granma, afirmó que el nuevo decreto busca facilitar "el reacomodo espontáneo de los ciudadanos" y "eliminar las causas y condiciones que propician ilegalidades en torno a los trámites de la vivienda".
Además, Fernández se refirió a la necesidad de "fortalecer el papel del impuesto como mecanismo regulador" y "aligerar de responsabilidades administrativas" a las instituciones.
Los problemas de la vivienda han sido durante décadas una "odisea" social, económica y burocrática en Cuba, donde hasta ahora las opciones para acceder a una casa se limitaban a las permutas, las herencias, conseguir un permiso estatal de construcción o acudir al mercado ilegal.
Cuba, con 11,2 millones de habitantes, tenía hasta 2010 un déficit reconocido de unas 600.000 viviendas, agravado por los destrozos que causaron tres huracanes en 2008.
Fuente:
http://www.ddecuba.com/

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viernes, 4 de noviembre de 2011

Decreto-Ley 288 y resoluciones para la compraventa de casas en Cuba

Las disposiciones anunciadas este jueves por el gobierno cubano para la compraventa, traspaso y trámites de herencia de viviendas están contenidas en el Decreto-Ley 288 y en seis resoluciones ministeriales.
Edificio Infanta en Centro Habana.


El Decreto-Ley 288/2011 del Consejo de Estado fue firmado por el goberante Raúl Castro el pasado 28 de octubre. Las resoluciones complementarias para aplicar la ley son: 85/11 del Banco Central de Cuba; las 1, 342 y 343/11 del Instituto Nacional de la Vivienda; la 351/11 del ministerio de Finanzas y Precios; y la 270/11 del Ministerio de Justicia.
Los textos de estas legislaciones, que entrarán en vigor el próximo 10 de noviembre, puede hallarlos, en copia facsimilar, aquí (en formato PDF) o aquí (en formato Word).
A continuación aparecen reproducidos íntegramente los contenidos de las disposiciones:



REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE JUSTICIA
 GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA
LA HABANA, MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2011
Sitio Web: http://www.gacetaoficial.cu/ — Calle Zanja No. 352 esquina a Escobar, Centro Habana Teléfonos: 878-3849, 878-4435 y 873-7962
AÑO CIX, Número 35 Página 359
 CONSEJO DE ESTADO
RAÚL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.
HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:
POR CUANTO: La Constitución de la República, en su artículo 21, preceptúa la garantía por parte del Estado, de la propiedad personal sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio, lo que implica el ejercicio del uso, disfrute y disposición de ese bien.
POR CUANTO: La experiencia alcanzada en la aplicación de la Ley No. 65 “Ley General de la Vivienda”, de 23 de diciembre de 1988 y de otras regulaciones, así como la necesidad de contribuir a la solución del problema habitacional en el país, aconsejan eliminar prohibiciones y flexibilizar limitaciones en los actos de transmisión de la propiedad de la vivienda, a los efectos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los propietarios.
POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de la atribución que le está conferida en el inciso c) del artículo 90 de la Constitución de la República, acuerda dictar el siguiente:
 DECRETO-LEY NÚMERO 288
“MODIFICATIVO DE LA LEY No. 65, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1988, “LEY GENERAL DE LA VIVIENDA”
ARTÍCULO 1.- Se modifica el artículo 2 del Capítulo I “De los Principios y Objetivos” de la Ley No. 65, de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”, el que queda redactado de la manera siguiente:
“Artículo 2. El derecho a una vivienda se ejercerá en la forma y bajo los requisitos que establece la presente Ley. Cuando en esta Ley se hace mención a particulares o personas naturales, se entenderán por tales a las personas naturales cubanas con domicilio en el país y los extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional.
Será legítimo tener, además de la de ocupación permanente, la propiedad de otra vivienda ubicada en zona destinada al descanso o veraneo.
Fuera de esa posibilidad, de la establecida para los agricultores pequeños y cooperativistas y de los casos de viviendas vinculadas, ninguna persona tendrá derecho a poseer más de una vivienda”.
ARTÍCULO 2.- Se modifican los artículos 66, 69 y 70 de la Sección Primera, “Derechos y obligaciones de los propietarios de viviendas”, del Capítulo V, “Régimen Jurídico de las Viviendas Propiedad Personal”, de la Ley No. 65, de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”, los que quedan redactados de la manera siguiente:
“Artículo 66. 1. Cuando la vivienda que ocupan los cónyuges pertenezca a ambos y se promueve el divorcio, el Tribunal puede determinar o el Notario consignar, según el caso, a quién se adjudicará su propiedad definitiva, conforme alas reglas siguientes:
a) Se adjudica a uno de los cónyuges o a los hijos, según acuerden las partes.
b) A falta de acuerdo o de pronunciamiento de las partes sobre el destino de la vivienda, esta continúa en copropiedad.
En estos supuestos, si existieren adeudos, el Banco vendrá obligado a ajustarlos, de acuerdo con la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, siempre que esta operación resulte garantizada con la capacidad de pago de ambos excónyuges.
2. La sentencia o la escritura pública notarial que disuelva el vínculo matrimonial, y resuelva la adjudicación de la vivienda, constituirá el título de dominio.
3. Las presentes reglas pueden aplicarse también por los tribunales en caso de liquidación de la comunidad matrimonial de bienes.
Artículo 69.1. Las permutas de viviendas entre personas naturales propietarias, se formalizarán directamente ante notario público del municipio donde esté ubicada cualquiera de estas, salvo los casos en que existan regulaciones especiales, previa inscripción de los inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente.
2. Al realizar la permuta, de estimarlo los propietarios, pueden acordar una compensación, lo que se hará constar en la escritura pública notarial correspondiente.
3. El pago de dicha compensación se efectúa en el acto de formalización de la permuta, mediante los instrumentos de pago emitidos por la institución bancaria, según las regulaciones establecidas por el Banco Central de Cuba.
4. Los notarios en el acto de formalización del Contrato de Permuta de Vivienda, dejarán constancia en la escritura pública notarial sobre la responsabilidad de las partes con el alcance de sus actos, respecto a sus convivientes.
Artículo 70.1. La transmisión de la propiedad de una vivienda por donación, entre personas naturales, se formaliza directamente ante notario del municipio donde se encuentra ubicado el inmueble, previa inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.
2. Las donaciones de viviendas, solares yermos y del derecho de uso de azoteas, a favor del Estado, se realizarán directamente ante el representante de la Dirección Municipal de la Vivienda donde esté situado el inmueble.
3. La transmisión de la propiedad de una vivienda por compraventa, entre personas naturales, se formaliza directamente ante notario con sede en el lugar donde se encuentre enclavado el inmueble, por el precio que libremente acuerden las partes.
El pago total del precio de la compraventa se efectúa en el acto de formalización de esta, mediante los instrumentos de pago emitidos por la institución bancaria, según las regulaciones establecidas por el Banco Central de Cuba.
4. En el acto de formalización del Contrato de Compraventa, el comprador declarará bajo juramento, que no tiene en propiedad otra vivienda de residencia permanente y acreditará, con el documento bancario correspondiente, la existencia del dinero en una sucursal bancaria, a los efectos del pago total del precio acordado. Al vendedor se le exige el cumplimiento previo de los requisitos siguientes:
a) Haber liquidado los adeudos por concepto de pago de transferencia de la propiedad del inmueble, acreditado mediante documento correspondiente de la sucursal bancaria; y
b) acreditar la inscripción del inmueble objeto de la venta, en el Registro de la Propiedad.
5. Los notarios, en la escritura pública, dejarán constancia sobre la responsabilidad que asume el donante o vendedor, con el alcance de sus actos respecto a los convivientes.
Se considera causal de nulidad de estos actos, además de las establecidas en el Código Civil, dejar desprotegido a alguno de los convivientes a que se refiere el artículo 65 de esta Ley”.
ARTÍCULO 3.- Se modifican los artículos 76, 77, 78, 79, 81, 82 y 83 de la Sección Segunda, “Transmisión de los derechos sobre la vivienda en caso de fallecimiento o ausencia definitiva de su propietario”, del Capítulo V, “Régimen Jurídico de las Viviendas Propiedad Personal”, de la Ley No. 65 de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”, los que quedan edactados de la manera siguiente:
“Artículo 76.1. Si al fallecer su propietario este hubiera dispuesto de la vivienda por testamento, el heredero o legatario instituido, se adjudicará la vivienda.
2. Si al fallecer su propietario no hubiera dispuesto de la vivienda por testamento, la propiedad de esta se transmitirá a sus herederos legales, con arreglo a la legislación sucesoria común.
3. Si los herederos tuvieren otra vivienda en propiedad pueden, antes, transmitirla a través de alguno de los actos previstos en esta Ley y adjudicarse la nueva vivienda.
Artículo 77.1. De existir acuerdo entre los herederos, se adjudicarán la vivienda, directamente ante notario público.
2. En caso de desacuerdo entre los herederos, será resuelto en la vía judicial, conforme a las reglas de la partición hereditaria.
3. El heredero que se adjudique la vivienda está obligado a compensar a los restantes herederos que no la reciben, en la forma que acuerden o se disponga y estará igualmente obligado a liquidar los adeudos que el propietario fallecido tuviese con el Banco, con motivo de la adquisición de la vivienda.
4. Los ocupantes de una vivienda que no son herederos, siempre que se hayan mantenido en esta, al menos por cinco (5) años, con el consentimiento del propietario antes de su fallecimiento, tienen el derecho a mantener la ocupación del inmueble.
Artículo 78.1. Si al fallecer su propietario no existieran herederos, o estos renuncien a la herencia, y la vivienda hubiere estado ocupada permanentemente por otras personas, la propiedad se transferirá al Estado.
En este caso la Dirección Municipal de la Vivienda, en representación del Estado, reconocerá mediante resolución el derecho a transferir su propiedad a aquellas personas que, sin ser propietarios de otra vivienda de residencia permanente, ocupaban la misma con el consentimiento del propietario anterior, al menos durante cinco (5) años antes de su fallecimiento.
2. La transferencia de la propiedad se realiza por el Banco, en representación del Estado conforme se establece en la Ley.
3. Los que de mala fe, se hayan aprovechado de las circunstancias de personas necesitadas de ayuda para apropiarse de la vivienda al fallecimiento de estas, serán privados por la autoridad competente de los beneficios que se disponen.
Artículo 79.1. Si ningún heredero aceptare adquirir la propiedad de la vivienda, quedando ésta libre de ocupantes, la propiedad se transmite al Estado, procediéndose al pago de su precio legal a los herederos, de estos interesarlo.
2. En el caso de que la vivienda quede libre de ocupantes, los herederos, antes del término de un año contado a partir del fallecimiento del propietario, deben acreditar dicha condición, o que se encuentran en proceso de tramitación para adquirirla, lo que efectuarán ante la Dirección Municipal de la Vivienda.
Transcurrido el término anterior, la vivienda se transfiere al Estado, sin perjuicio del derecho de los herederos a recibir el importe de su precio legal.
3. Si al fallecer el propietario de una vivienda, no hubieren herederos y quedara libre de ocupantes, se transmite a favor del Estado.
Artículo 81.1. La vivienda de residencia permanente, cuyo titular haya salido definitivamente del país, es confiscada por el Estado al efecto de poder transmitir su propiedad a las personas que tienen derecho a ello, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.
2. Tienen derecho a la transmisión gratuita de la propiedad:
a) Copropietarios.
b) Cónyuge, hijos y demás descendientes.
c) Padres, abuelos y demás ascendientes.
d) Hermanos y sobrinos.
e) Tíos.
f) Primos.
3. La transmisión de la propiedad se hará en el orden en que aparecen en el apartado que antecede, y uno excluye al siguiente. Se exceptúa el cónyuge y los hijos que concurrirán con el mismo derecho.
4. Quien se adjudique la vivienda, en los supuestos anteriores, tiene la obligación de liquidar los adeudos que sobre la misma quedaren pendientes con el Banco.
5. Los ocupantes de una vivienda que no sean de los que se relacionan en el apartado 2 del presente artículo, siempre que hayan residido en esta, al menos durante cinco (5) años, con el consentimiento del propietario antes de su salida definitiva del país, tienen el derecho a mantener la ocupación del inmueble.
6. De no existir las personas relacionadas en el apartado 2 del presente artículo, se transferirá la propiedad de la vivienda mediante el pago de su precio legal, a los convivientes que no son propietarios de otra, siempre que la hayan ocupado al menos durante cinco (5) años, con el consentimiento del propietario antes de su salida definitiva del país.
7. Para los supuestos previstos en los apartados que anteceden, la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente, en representación del Estado, reconocerá mediante resolución el derecho a la propiedad del inmueble.
8. Son válidos los actos de transmisión de la propiedad de viviendas, realizados por sus propietarios, conforme a la Ley, antes de salir definitivamente del país.
Artículo 82. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 78, y en el artículo 81, el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular correspondiente, podrá disponer por acuerdo, que se transfiera la propiedad de la vivienda mediante el pago del precio legal, a los ocupantes que al producirse el fallecimiento o la salida definitiva del país del propietario, no reúnan los requisitos que se prevén en los preceptos citados, si concurrieren en el caso circunstancias que así lo justifiquen.
Artículo 83.1. La propiedad de las viviendas ubicadas en zonas destinadas al descanso o veraneo de sus dueños se transmitirá, en caso de muerte de su propietario, según las normas de la legislación sucesoria común.
2. A las viviendas a que se refiere el apartado anterior, les son aplicables las disposiciones del artículo 81, en caso de salida definitiva del país de su propietario”.
ARTÍCULO 4.- Se le adiciona al Capítulo V, “Régimen Jurídico de las Viviendas Propiedad Personal” una Sección Tercera, que se denomina “Sobre el tratamiento tributario a los actos referentes a la transmisión de la propiedad de las viviendas”, que comprende el artículo 85, al que se le sustituye su contenido, el que queda redactado de la manera siguiente:
“SECCIÓN TERCERA
Sobre el tratamiento tributario a los actos referentes a la transmisión de la propiedad de las viviendas.
Artículo 85. Los actos referentes a la transmisión de la propiedad de las viviendas, dispuestos en esta Ley, están gravados por el Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias, así como los demás tributos que correspondan, en consonancia con lo regulado en la legislación especial”.
ARTÍCULO 5.- Se modifican el inciso e) del artículo 109 y el artículo 110 de la Sección Segunda, “Otras viviendas sometidas a régimen especial” del Capítulo VII “De las viviendas sometidas a Régimen Especial”, de la Ley No. 65, de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”, los que quedan redactados de la manera siguiente:
“Artículo 109, inciso e) las permutas, donaciones y compraventas de viviendas podrán realizarse conforme al procedimiento que establezca el Instituto Nacional de la Vivienda.
Artículo 110. El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o su Presidente podrán decidir, en lo que respecta a las viviendas ubicadas en determinadas zonas del país, que todas o algunas de las funciones que esta Ley atribuye a los órganos locales del Poder Popular o a sus direcciones administrativas sean asumidas por otra entidad o dependencia nacional, o requieran alguna aprobación complementaria de dicha entidad o dependencia, incluso el control de las permutas, donaciones y compraventas”.
DISPOSICIONES ESPECIALES
PRIMERA: Se modifica el artículo 38 de la Ley No. 73, de 4 de agosto de 1994, “Del Sistema Tributario”, que queda redactado de la manera siguiente:
“Artículo 38. El tipo impositivo para las permutas será del cuatro por ciento (4 %) sobre el valor actualizado de la vivienda que adquiera cada permutante y, en las permutas en que se reconozca la existencia de compensación, el impuesto se calculará sobre el valor del inmueble más la compensación declarada”.
SEGUNDA: Para la realización de los actos de transmisión de la propiedad de las viviendas, a que se refiere el presente Decreto-Ley, en el caso de las ubicadas en zonas declaradas como de alta significación para el turismo, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley No. 65, de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”, o en aquellas a las que se refiere el artículo 110 de la propia Ley, se continuarán cumpliendo las disposiciones vigentes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA: Los asuntos promovidos, en cualquier instancia del Sistema de la Vivienda, a los fines de la obtención de autorización administrativa previa para realizar actos de transmisión de la propiedad de las viviendas, se archivarán con devolución de los documentos a los interesados, quienes podrán tramitarlos al amparo de las modificaciones aprobadas por este Decreto-Ley.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Las relaciones jurídicas constituidas y los derechos adquiridos al amparo de la Ley No. 65, de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”, antes de las modificaciones que por el presente Decreto-Ley se le introducen, conservan su validez.
SEGUNDA: Los asuntos radicados en cualquier instancia del Sistema de la Vivienda o en los tribunales, relativos a los actos a los que se refiere el presente Decreto-Ley, que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor, continuarán sustanciándose conforme a lo que en este se dispone.
TERCERA: Los presidentes del Banco Central de Cuba y del Instituto Nacional de la Vivienda y los ministros de Justicia y de Finanzas y Precios, quedan encargados de dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones legales complementarias que resulten necesarias a  los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.
CUARTA: Se deroga la Disposición Especial Séptima de la Ley No. 65, de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda” y cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto-Ley, que entrará en vigor el día diez de noviembre de dos mil once.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República para general conocimiento.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil once.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado
BANCO CENTRAL DE CUBA
RESOLUCIÓN No. 85/2011
POR CUANTO: En los artículos 69 y 70 de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 1988, tal y como quedó modificado por el Decreto-Ley No. 288, de 28 de octubre de 2011, se establece que la compensación en los casos de permutas, y el pago total de la compraventa de viviendas, se efectúa en el acto de formalización, mediante los instrumentos de pagos emitidos por una institución bancaria, según las regulaciones establecidas por el Banco Central de Cuba.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades conferidas en los incisos a) y b) del artículo 36, del Decreto-Ley No. 172, “Del Banco Central de Cuba”, de 28 de mayo de 1997,
Resuelvo:
PRIMERO: Las personas naturales que pretendan adquirir una vivienda mediante un contrato de compraventa, según lo establecido en las regulaciones vigentes, en lo adelante comprador, solicitan en una sucursal del Banco Metropolitano S.A.; Banco Popular de Ahorro y Banco de Crédito y Comercio, o de cualquier otra institución bancaria que se autorice, la emisión de un cheque de gerencia, previa provisión de los fondos, para ejecutar el pago del precio que se cuerde con el vendedor de la vivienda.
SEGUNDO: Igual tratamiento es aplicable en los casos de contratos de permutas de viviendas, en que se pacten entre las partes el pago de una compensación, según lo establecido en la legislación vigente.
TERCERO: Para la emisión del cheque, el comprador o el que pague la compensación, completa la solicitud, según modelo que se adjunta como Anexo No. 1 de la presente Resolución, en la que declara lo siguiente:
a) Nombres, apellidos y demás generales del comprador y del vendedor, o del que paga y del que reciba la compensación;
b) monto en pesos cubanos por el precio o compensación acordada; y
c) declaración sobre la licitud de los fondos, con independencia del importe, quedando el banco exonerado de cualquier responsabilidad al respecto.
CUARTO: El cheque de gerencia se emite por la institución bancaria a favor del vendedor o del que reciba la compensación, y se entrega al beneficiario en el acto de formalización ante el notario.
QUINTO: El cheque de gerencia puede ser presentado a los efectos del cobro en cualquier institución bancaria de las autorizadas en esta Resolución, y no podrá transmitirse, ni cederse a terceros. El cheque caduca a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su emisión.
SEXTO: La sucursal bancaria en que se presente el cheque de gerencia, previa identificación del beneficiario, podrá según este disponga, pagarlo en efectivo o transferir el importe a una cuenta bancaria existente o a una nueva cuenta. De las operaciones realizadas, se emitirá el comprobante correspondiente.
SÉPTIMO: Los bancos cobrarán comisiones fijas por los servicios prestados.
OCTAVO: La presente entrará en vigor el diez de noviembre de dos mil once.
ARCHÍVESE el original en la Secretaría del Banco Central de Cuba.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
DADA en La Habana, a los treintaiún días del mes de octubre de dos mil once.

Ernesto Medina Villaveirán
Ministro-Presidente
Banco Central de Cuba
ANEXO No. 1
MODELO DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA PARA EL PAGO DEL PRECIO EN CONTRATOS DE COMPRAVENTA O DE LA COMPENSACIÓN EN CONTRATOS DE PERMUTAS DE VIVIENDAS
Datos del solicitante (comprador de la vivienda o del que paga la compensación)
Nombre y apellidos: _______________________
C. Identidad ______________________________
Domicilio de residencia: _______ Teléfono _____
Datos del vendedor de la vivienda o del que recibe la compensación (beneficiario)
Nombre y apellidos: _______________________
C. Identidad ______________________________
Domicilio de residencia: _______Teléfono _____
Monto en pesos cubanos por el precio o compensación acordada: ________________
Declaración Jurada:
Yo, ______________________________, bajo fe de juramento declaro, que la información por mi suministrada y contenida en la presente solicitud, es totalmente cierta, y que el monto de dinero entregado como provisión de fondos es de origen totalmente lícito, exonerando al BANCO que me presta este servicio de toda responsabilidad, incluso respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa.
En ____________, a los ________del año______

Solicitante
Para uso del Banco
Sucursal____________Municipio_____________
No. de cheque de gerencia___________________
Fecha de emisión del cheque___________Importe del cheque______________
Nombre del Director o Gerente de la Sucursal__________________________________
Firma del Director o Gerente de la Sucursal_____
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE JUSTICIA
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 01/2011
POR CUANTO: La Resolución Conjunta, de 22 de agosto de 1995, Sobre la ejecución de las diligencias para el cumplimiento de la Ley No. 989, de 5 de diciembre de 1961, suscrita por el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda y los ministros de Justicia y del Interior, establece el procedimiento para la ejecución de las diligencias para el cumplimiento de la citada Ley.
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 288, de 28 octubre de 2011, suprime limitaciones existentes a la disposición de la vivienda y los bienes muebles que poseen las personas que pretenden emigrar, lo que modifica sustancialmente el procedimiento actual, haciéndose necesario que cada organismo relacionado con el tema regule lo que a cada cual compete.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades a nosotros conferidas;
Resolvemos:
PRIMERO: Derogar la referida Resolución Conjunta suscrita por el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda y los ministros de Justicia y del Interior, de fecha 22 de agosto de 1995, con el fin de que cada organismo establezca lo que a cada uno compete.
SEGUNDO: La presente Resolución entra en vigor el 10 de noviembre de 2011.
COMUNÍQUESE a los presidentes de los consejos de la Administración de los órganos locales del Poder Popular y a los directores provinciales y municipales de Justicia y Vivienda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
Regístrese y archívese el original en el Protocolo de Resoluciones de la Dirección Jurídica de este Instituto.
DADA en La Habana, a los 31 días de octubre de 2011.
María Esther Reus González
Ministra de Justicia
General de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra
Ministro del Interior
Oris Silvia Fernández Hernández
Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda
RESOLUCIÓN No. 342 /11
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 288/11, modificativo de la Ley General de la Vivienda, elimina limitaciones en los actos de transmisión de la propiedad de la vivienda, a los efectos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los propietarios y establece que para la legalización de los actos traslativos de dominio se requiere la inscripción previa de los Títulos de las viviendas en el Registro de la Propiedad.
POR CUANTO: La Resolución No. 50, de 23 de febrero de 2009, del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, estableció un procedimiento para el perfeccionamiento de los títulos y su inscripción en los Registros de la Propiedad, así como la actualización de la descripción de las viviendas en los mismos, excluyendo de estos las ampliaciones y rehabilitaciones, por lo que resulta necesario aprobar un nuevo procedimiento que incluya las citadas acciones constructivas.
POR TANTO: En el ejercicio de la facultades a mí conferidas mediante la Disposición Final Tercera de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 1988,
Resuelvo:
PRIMERO: Aprobar el siguiente,
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD Y SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.-El presente procedimiento establece las normas para la actualización de los títulos de propiedad de las personas naturales en los supuestos que:
a) Existan errores u omisiones relativos a los elementos de la descripción y tasación, no se establezcan las medidas y linderos, o sea necesaria su rectificación o ajuste.
b) Se realicen acciones constructivas internas que modifiquen la descripción de la vivienda, la unifiquen o dividan y no requieren licencia ni autorización de obra de conformidad con la legislación vigente.
c) No coincida la realidad física con la reflejada en el título de propiedad, por haberse ejecutado acciones constructivas de ampliación, rehabilitación o remodelación, siempre que no se hayan violado los requisitos técnico-constructivos y las regulaciones urbanas y territoriales.
CAPÍTULO II
ACTUALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD Y SU INSCRIPCIÓN
SECCIÓN PRIMERA
Actualización de títulos de propiedad
ARTÍCULO 2.1.-Las personas interesadas en actualizar sus títulos, amparadas en los incisos a) y b) del artículo 1, no requieren Resolución de las direcciones municipales de la Vivienda. El Dictamen Técnico que emite el Arquitecto de la Comunidad, constituye el documento válido a los efectos de la actuación notarial correspondiente.
2.-El Dictamen Técnico del Arquitecto de la Comunidad incluye la descripción y tasación reconocida en el título, descripción y tasación de las acciones realizadas, descripción actual y estado técnico-constructivo, según proceda.
3.-Si la solicitud consiste solamente en la actualización del título de propiedad en cuanto al precio legal de la vivienda, la certificación emitida por el Departamento de Control del Fondo de la Dirección Municipal de la Vivienda, tiene eficacia a los efectos de la actuación notarial correspondiente.
ARTÍCULO 3.1.-Las personas interesadas en actualizar sus títulos, amparadas en el inciso c) del artículo 1, se presentan en las Oficinas de Trámites de la Vivienda del lugar donde esté enclavado el inmueble donde el funcionario designado por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda recibe, registra y remite la solicitud a la Dirección Municipal de Planificación Física, utilizando la proforma que se anexa formando parte de la presente Resolución.
2.-La Certificación que emite la Dirección Municipal de Planificación Física es aportada por las personas al Arquitecto de la Comunidad para que este trámite el Dictamen Técnico correspondiente.
ARTÍCULO 4.-Los directores de las direcciones municipales de la Vivienda son competentes para emitir las resoluciones sobre la actualización de los títulos de propiedad amparados en el inciso c) del artículo 1. Los interesados presentan los documentos siguientes:
a) escrito de solicitud con todas sus generales;
b) documento acreditativo de la titularidad;
c) certifico de Planificación Física que acredita que no hay objeción para la actualización del título;
d) Dictamen Técnico emitido por el Arquitecto de la Comunidad; y
e) sello del timbre de 10.00 pesos.
ARTÍCULO 5.-El Director Municipal de la Vivienda, para emitir la Resolución referida en el artículo 4 tiene en cuenta los siguientes aspectos:
a) que las acciones constructivas estén totalmente concluidas;
b) que no estén ubicadas en una zona insalubre, no urbanizable o considerada zona de riesgo; y
c) que ofrezcan durabilidad y resistencia por la calidad de los materiales empleados, según dictamen Técnico Constructivo del Arquitecto de la Comunidad.
ARTÍCULO 6.-Las resoluciones dictadas por los directores municipales de la Vivienda en todos los casos de reconocimiento de derechos sobre la propiedad, deben contener los particulares siguientes:
a) nombres y apellidos, lugar de nacimiento, ciudadanía, edad, dirección particular, estado conyugal, ocupación y número del carné de identidad de todas las personas que promueven y del cónyuge cuando el derecho se le reconoce a ambos;
b) descripción de la vivienda, medidas y linderos y precio legal; y
c) advertencia legal a los titulares, de solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad.
ARTÍCULO 7.-Las direcciones municipales de la Vivienda tramitan y resuelven mediante resolución las reclamaciones de derecho relativas a medidas y linderos y subsanaciones de descripción y tasación en los supuestos que:
a) exista terreno adicional sobre el que no se ha cumplido la obligación de pago del derecho perpetuo de superficie; y
b) exista litis con los colindantes.
SECCIÓN SEGUNDA
Inscripción en el Registro de la Propiedad de las viviendas estatales
ARTÍCULO 8.-Las direcciones municipales de la Vivienda son las encargadas de mantener actualizado el Sistema de Registro Primario de Viviendas Vinculadas y Medios Básicos, en el cual se inscriben y controlan todas las viviendas con este estatus.
ARTÍCULO 9.-Las viviendas estatales de arrendamiento permanente se inscriben en el Registro de la Propiedad por los Departamentos de Control del Fondo o los propios titulares del derecho, mediante la presentación del Contrato suscrito con la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente, que entre sus cláusulas refleja la vía de adquisición por el Estado de dicho inmueble, y la descripción, medidas y linderos y precio legal.
SECCIÓN TERCERA
Inscripción en el Registro de la Propiedad de los edificios multifamiliares
ARTÍCULO 10.- Las direcciones municipales de la Vivienda, a partir del Plan de Inscripción de Edificios, solicitan al Registro de la Propiedad, a nombre del Estado cubano la inscripción de los edificios multifamiliares bajo el régimen jurídico previsto en la Ley General de la Vivienda y sus disposiciones complementarias, sean estos de administración propia o de administración municipal.
Para optimizar la inscripción de edificios se puede emitir la Certificación Múltiple, donde constan identificados los mismos y los datos requeridos conforme lo establecido en la presente Resolución.
Se exceptúan los edificios que sean medios básicos o vinculados, los que son inscriptos por las entidades que los poseen, cuando tienen más del cincuenta por ciento (50 %) de los apartamentos en dicho régimen.
ARTÍCULO 11.-Cuando en un edificio multifamiliar no inscripto en el Registro de la Propiedad, se efectúa una transmisión de dominio de uno de sus apartamentos, las direcciones municipales de la Vivienda realizan la solicitud de inscripción del mismo en un plazo de 30 días hábiles a partir de que los departamentos de Administración de la Vivienda reciben solicitudes personales o de las Juntas de Vecinos de los edificios.
ARTÍCULO 12.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los departamentos de Administración de la Vivienda de las direcciones municipales de la Vivienda, emiten Certificación donde consta:
a) dirección del edificio;
b) descripción general (linderos, tipología, número
de apartamentos y número de plantas); y
c) áreas comunes (solo se relacionan, según el caso, escaleras, garajes, lobby, terreno, terrazas, cisterna, elevadores).
ARTÍCULO 13.-Los departamentos de Control del Fondo de las direcciones municipales de la Vivienda emiten la Certificación para inscribir en el Registro de la Propiedad las viviendas en arrendamiento permanente, en el que consta:
a) Título u otro documento por el que ingresó la vivienda al fondo estatal (resoluciones administrativas o judiciales y Certificación de Habitable en las nuevas construcciones);
b) fecha y órgano que la emitió; y c) dirección de la vivienda.
CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN, TASACIÓN Y MEDIDAS Y LINDEROS
ARTÍCULO 14.-La descripción y tasación de viviendas contiene a todos los efectos que sea exigible, los siguientes elementos:
I. Localización Geográfica:
a) ubicación geográfica (dirección del inmueble: calle, número, entrecalles, reparto, barrio, poblado o finca; municipio, provincia; y b) naturaleza urbana o rural del inmueble. De tratarse de apartamento en edificio multifamiliar se incluye número del apartamento.
II. Características generales:
a) tipo de inmueble (casa o apartamento);
b) cantidad de plantas; y
c) distribución.
III. Características de la construcción:
a) año de construcción;
b) muros, entrepisos, pisos, cubiertas;
c) área de superficie total y ocupada;
d) estado técnico (bueno, regular o malo).
IV. Medidas y linderos:
a) Colindancia (por el frente, derecho, izquierdo, y fondo, siempre saliendo del inmueble).
b) Medidas (por todos y cada uno de los lados dados en Sistema Métrico Decimal).
Cuando se trata de apartamentos en edificios multifamiliares se refleja el número de los apartamentos colindantes.
V. Precio legal:
El precio legal es el que consta en los Títulos de dominio o en la Descripción y Tasación emitida por el Arquitecto de la Comunidad o Departamento de Control del Fondo, que no caducan mientras no varíe alguna circunstancia en la descripción del inmueble.
DISPOSICIÓN ESPECIAL
ÚNICA: Las direcciones municipales de la Vivienda podrán asimismo conocer de las solicitudes presentadas en los supuestos de los derechos de arrendamiento, usufructo de viviendas, perpetuo de superficie y de uso de azoteas, en el supuesto previsto en el artículo 1, inciso a) de la presente.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Los vicepresidentes de este Instituto quedan encargados de instruir y controlar a las direcciones provinciales y municipales de la Vivienda en la aplicación de lo que por la presente se dispone.
SEGUNDA: Se deroga la Resolución No. 50, de fecha 23 de febrero de 2009, del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda.
TERCERA: La presente Resolución entra en vigor el 10 de noviembre de 2011.
COMUNÍQUESE a la Ministra de Justicia, al Presidente del Instituto de Planificación Física, a los presidentes de los consejos de la Administración de los órganos locales del Poder Popular y a los directores provinciales y municipales de la Vivienda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
Regístrese y archívese el original en el Protocolo de Resoluciones de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de la Vivienda.
DADA en La Habana, a los 31 días de octubre de 2011.
Oris Silvia Fernández Hernández
Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda
RESOLUCIÓN No. 343/11
POR CUANTO: Con la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 288, de 28 de octubre de 2011, resulta necesario adecuar las resoluciones No. 12, de 6 de enero de 2006, “Reglamento para las Permutas” y No. 14, de 13 de enero de 2006, “Reglamento Complementario a la Ley General de la Vivienda”, dictadas por el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, en lo referente a la eliminación de la autorización administrativa previa para los trámites de permutas y donaciones entre particulares, ajustando la actuación de la Dirección de Vivienda ante el fallecimiento o salida del país de los propietarios.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas en la Disposición Final Tercera de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 1988;
Resuelvo:
PRIMERO: Modificar el artículo 1 del “Reglamento para las Permutas”, puesto en vigor por la Resolución No. 12, de 6 de enero de 2006, del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1.-El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para la autorización de las permutas administrativas de viviendas, habitaciones y accesorias; y las permutas obligatorias”.
SEGUNDO: Modificar el artículo 1 del Reglamento Complementario de la Ley General de la Vivienda, puesto en vigor por la Resolución No. 14, de 13 de enero de 2006, del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda y que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1.-El presente Reglamento tiene como objetivo regular la aplicación de las disposiciones de la Ley General de la Vivienda”.
TERCERO: Adicionar un nuevo capítulo a la Resolución No. 14, de 13 de enero de 2006, del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda que queda redactado de la siguiente forma:
“CAPÍTULO XVI
TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN LOS CASOS DE AUSENCIA DEFINITIVA DEL PAÍS O FALLECIMIENTO DE SUS PROPIETARIOS
Artículo 85.- Las direcciones municipales de la Vivienda conocen y resuelven las reclamaciones que promueven las personas que se relacionan a continuación y estén relacionadas con la transmisión de la propiedad de las viviendas en los supuestos de salida definitiva del país y fallecimiento del propietario:
a) copropietarios, cónyuge y familiares del propietario que salió definitivamente del país que basan su solicitud al amparo del Apartado 2 del artículo 81 de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda;
b) los convivientes que no son propietarios de otra vivienda, siempre que la hayan ocupado al menos por cinco (5) años, con el consentimiento del propietario antes de su salida definitiva del país; y
c) convivientes del propietario que al fallecer este, la propiedad de la vivienda se transfiere al Estado por cualquiera de las razones previstas en la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda.
Artículo 86.-Las personas que basan su solicitud en lo previsto en el inciso a) del artículo 85, aportarán los documentos siguientes:
a) constancia oficial de la salida definitiva del país del propietario;
b) documento que acredite la propiedad de la vivienda a favor de la persona que salió definitivamente del país;
c) certificaciones para acreditar el parentesco o el matrimonio; y
d) comprobante de liquidación de deuda o deuda actualizada.
Artículo 87.-En los casos previstos en el artículo anterior, la resolución reconociendo el derecho a la propiedad constituye Título de Propiedad a todos los efectos legales y debe contener los requisitos para estos efectos. Si existieran adeudos pendientes con el Banco por concepto del pago de la vivienda, la resolución que se emite dispondrá el derecho a transferir la propiedad a favor de las personas con derecho a la misma y fijará la obligación de pago del monto total de la deuda, que se efectuará conforme a las reglas establecidas en la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda. El Contrato de Compraventa que suscriba con el Banco constituye Título de Propiedad a todos los efectos legales.
Artículo 88.1-En caso que las personas que promueven la solicitud al amparo del inciso a) del artículo 85, se tendrá en cuenta, si concurrieran dos o más promoventes, el siguiente orden:
a) Copropietarios.
b) Cónyuge, hijos y demás descendientes.
c) Padres, abuelos y demás ascendientes.
d) Hermanos y sobrinos.
e) Tíos.
f) Primos.
2. Las direcciones municipales de la Vivienda al reconocer el derecho a la propiedad tendrán en cuenta el orden en que aparecen en el apartado que antecede y uno excluye al siguiente, con excepción del cónyuge y los hijos que concurren con el mismo derecho.
Artículo 89.-Las personas que basan su solicitud en el inciso c) del artículo 85 anterior, aportan:
a) certificación de fallecimiento del propietario, si basa su solicitud en la no existencia de herederos;
b) declaratoria de herederos y renuncia de estos, en su caso; y
c) las pruebas que acrediten la ocupación de la vivienda durante cinco (5) años con antelación
al fallecimiento del propietario.
En el supuesto que la solicitud se base en la no existencia de herederos, el funcionario de la vivienda tomará Declaración Jurada, donde el solicitante declare esta circunstancia.
Artículo 90.-En el caso de ocupantes con 5 años de residencia consentida por el propietario fallecido la resolución que se emite dispone el derecho a transferir la propiedad a favor de las personas con derecho a la misma y fija la obligación de pago del monto total de la deuda, que se efectúa conforme a las reglas establecidas en la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda. El Contrato de Compraventa que suscribe con el Banco constituye Título de Propiedad a todos los efectos legales.
Artículo 91.-La Dirección Municipal de la Vivienda radica expediente al que se adjuntan las pruebas admitidas y practicadas para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley.
Artículo 92.-El Director Municipal de la Vivienda, al actuar conforme al artículo 82 de la Ley General de la Vivienda, da cuenta al Consejo de la Administración Municipal, del órgano local del Poder Popular correspondiente, mediante dictamen, donde emite sus consideraciones y propuestas, a los efectos de que el mismo ejercite la facultad discrecional que dicho precepto le otorga”.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Derogar:
1. De la Resolución No. 12, de 6 de enero de 2006, “Reglamentos para las Permutas”:
a) el Capítulo III “Permutas entre propietarios”;
b) los artículos 25 y 26;
c) los incisos a) del artículo 3; e) del artículo 13, j) del artículo 16 y e) del artículo 21; y
d) el tercer párrafo de los artículos 19 y 22.
2. De la Resolución No. 14, de 6 de enero de 2006, “Reglamento Complementario a la Ley General de la Vivienda”:
a) el Capítulo XI, “Pérdida de las viviendas”;
b) los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; y
c) los incisos d) del artículo 26 y el f) del artículo 27.
SEGUNDA: La presente Resolución entra en vigor el 10 de noviembre de 2011.
COMUNÍQUESE a los ministros de Justicia y Turismo, al Presidente del Banco Central de Cuba, a los presidentes de los consejos de la Administración provinciales y a los directores provinciales y municipales de la Vivienda de los órganos locales del Poder Popular.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la presente Resolución en la Dirección Jurídica de este Instituto.
DADA en La Habana, a los 31 días de octubre de 2011.
Oris Silvia Fernández Hernández
Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda
MINISTERIOS
FINANZAS Y PRECIOS
RESOLUCIÓN No. 351/2011
POR CUANTO: La Ley No. 73 “Del Sistema Tributario”, de fecha 4 de agosto de 1994, establece en su Título II, Capítulo II, artículo 17, el Impuesto sobre los Ingresos Personales, que grava los ingresos a las personas naturales, y en el Capítulo VIII, artículo 34, establece el Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias, que grava las transmisiones de bienes inmuebles y bienes muebles sujetos a registro público o escritura notarial, derechos, adjudicaciones, donaciones y herencias; cuyo Reglamento se establece a través de la Resolución No. 379, de fecha 23 de noviembre de 2001, dictada por el Ministro de Finanzas y Precios.
POR CUANTO: La Disposición Final Segunda del Decreto-Ley No. 288, de fecha 28 de octubre de 2011, modificativo de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 1988, encarga a la Ministra de Finanzas y Precios la emisión de las disposiciones que se requieran para el cumplimiento de lo que en él se dispone y, en tal sentido, resulta necesario establecer las normas para la determinación y el pago de los impuestos referidos en el Por Cuanto anterior.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el Apartado Tercero, numeral Cuarto, del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Las personas naturales cubanas con domicilio en el país y los extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional, que adquieran viviendas, mediante actos entre particulares de compraventa, donación o permutas, formalizados ante Notario Público, con arreglo a lo dispuesto en la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 1988, tal y como quedó modificada por el Decreto-Ley No. 288, de fecha 28 de octubre de 2011, quedan obligadas a pagar el Impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias.
Asimismo, pagan el Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias las personas naturales a quienes el Estado transmita viviendas o participaciones de propiedad de estas, confiscadas a propietarios que hayan salido definitivamente del país, de conformidad con lo establecido en la citada Ley No. 65, Ley General de la Vivienda.
SEGUNDO: El Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias por los actos referidos en el apartado anterior, se determina y paga conforme a lo establecido en el Reglamento de este tributo, aprobado por la Resolución No. 379, de fecha 23 de noviembre de 2001, del Ministro de finanzas y Precios, a excepción de lo regulado en la misma en relación con la base imponible, moneda y término de pago del tributo; que se determinan por la presente.
TERCERO: La base imponible del Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias para los actos de permuta, donación y las transmisiones referidas en el Segundo Párrafo del Apartado primero de la presente, se constituye por el valor actualizado de las viviendas transmitidas.
Para los actos de compraventa de viviendas, la base imponible está constituida por el precio de venta de la vivienda que se transmite, declarado por las partes en dicho acto, siempre que sea igual o superior al valor actualizado de la misma; en caso contrario, estará constituida por este último.
En las permutas que se reconozca la compensación, la base imponible, para la persona que la recibe, está conformada por el valor actualizado de la vivienda más el valor de la compensación.
CUARTO: A los efectos de la presente, el valor actualizado de la vivienda, se corresponde con aquel que conste en el título de propiedad cuya inscripción haya sido actualizada, conforme a lo establecido en la legislación especial al respecto.
QUINTO: El impuesto se calcula y paga en pesos cubanos (CUP) con independencia de que el valor del acto gravado se exprese total o parcialmente en pesos convertibles (CUC), en cuyo caso se debe convertir dicho valor a pesos cubanos (CUP), aplicando la tasa de cambio vigente para las operaciones de compra de moneda a la población.
SEXTO: El Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias se determina para los actos de compraventa, permuta, donación y para las transmisiones referidas en el Párrafo Segundo del Apartado Primero de la presente, aplicando un tipo impositivo del cuatro por ciento (4 %) sobre la base imponible correspondiente, según lo previsto en el Apartado Tercero de la presente.
SÉPTIMO: El Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias es objeto de autoliquidación por el comprador, el donatario, ambos permutantes y los que adquieran la vivienda a tenor de las transmisiones referidas en el Párrafo Segundo del Apartado Primero de la presente, mediante el modelo de Declaración Jurada establecido a tales efectos.
El pago de este Impuesto se efectúa en las sucursales bancarias del municipio donde tengan lugar los actos gravados, dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la fecha de normalización de la escritura pública notarial o de la notificación de la resolución administrativa correspondiente, y se ingresa al fisco por el párrafo 072012, “Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias”, del vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado.
OCTAVO: Las personas naturales que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, vendan sus viviendas, pagan el Impuesto sobre los Ingresos Personales aplicando un tipo impositivo del cuatro por ciento (4 %) sobre los ingresos obtenidos por la venta del inmueble, según conste en la escritura pública notarial que formaliza el acto en cuestión.
El pago de este Impuesto se efectúa en las sucursales bancarias del municipio correspondiente al domicilio fiscal del obligado al pago, dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la fecha de formalización de la escritura pública notarial correspondiente, y se ingresa al fisco por el párrafo 053032, “Impuesto sobre los Ingresos Personales-Venta de Bienes”, que se adiciona al vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado.
NOVENO: La Oficina Nacional de Administración Tributaria queda responsabilizada con actualizar o establecer los mecanismos de conciliación y control que correspondan, con el Ministerio de Justicia y las direcciones provinciales de Justicia para dar cumplimiento a lo que por la presente se dispone, en el término de treinta (30) días naturales a partir de la entrada en vigor de esta norma.
DÉCIMO: La presente Resolución entra en vigor el 10 de noviembre del presente año 2011.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio
Dada en La Habana, a los 31 días del mes de octubre del año 2011.
Lina Olinda Pedraza Rodríguez
Ministra de Finanzas y Precios
JUSTICIA
RESOLUCIÓN No. 270
 POR CUANTO: El Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2001, número 3950, aprobó entre las funciones del Ministerio de Justicia, en el Apartado tercero, la de dirigir el funcionamiento de los Registros de la Propiedad.
POR CUANTO: El Decreto-Ley número 288 de 28 de octubre de 2011, modificativo de la Ley número 65 de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”, establece la inscripción en los Registros de la Propiedad de las viviendas de las personas naturales antes de la realización de los actos de permuta, donación y compraventa que realicen sus propietarios.
POR CUANTO: La Resolución número 114 de 29 de junio de 2007 de la que suscribe, establece las normas y procedimientos para el funcionamiento de los Registros de la Propiedad, en las que resulta necesario flexibilizar el procedimiento para la inscripción de las viviendas de propiedad personal, y mantener el resto de sus disposiciones.
POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me está conferida en el Apartado Tercero, numeral 4, del Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 1994, número 2817;
Resuelvo:
PRIMERO: El Registrador radica las solicitudes de inscripción de las viviendas de propiedad personal en el Registro de la Propiedad, para lo que exige se aporten los documentos siguientes:
1. Título de propiedad de la vivienda.
2. Documento de identidad del que solicita la inscripción o la acreditación de la representación, en los casos que corresponda.
3. Comprobante de pago del Impuesto sobre Transmisión de Bienes y Herencias, cuando corresponda.
SEGUNDO: El Registrador o el Especialista se abstienen de radicar la solicitud, cuando aprecien errores u omisiones en los documentos presentados, en cuyo caso asesora al solicitante conforme a derecho para su solución.
TERCERO: Radicada la solicitud de inscripción, el Registrador califica bajo su responsabilidad, los aspectos formales, la validez y eficacia de los actos contenidos en el título. Si el título cumple todos los requisitos de forma y contenido, se practica la inscripción en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la radicación.
El Registrador, excepcionalmente, cuando requiera corroborar la legalidad del título, dispondrá de un plazo adicional de hasta treinta (30) días hábiles posteriores, para solicitar documentos a la Dirección Municipal de la Vivienda, al notario, o verificar cualquier circunstancia del título presentado, de lo que deja constancia en el libro de radicación.
CUARTO: El Registrador cuando realice la inscripción de una vivienda de propiedad personal, expide la Certificación que corresponde para la realización de los actos de permuta, donación y compraventa.
QUINTO: Esta disposición entra en vigor el 10 de noviembre de 2011.
COMUNÍQUESE al Presidente del Tribunal Supremo Popular, a los presidentes de los institutos de Planificación Física y Nacional de la Vivienda, a los viceministros de este Ministerio, a los directores de las direcciones de Notarías y Registros Civiles, de los Registros de la Propiedad, Mercantil y del Patrimonio, a los directores de las direcciones provinciales de Justicia y del municipio especial Isla de la Juventud y a cuantas más personas deban conocerla.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la presente Resolución en la Dirección de Legislación y Asesoría de este Ministerio.
DADA en la ciudad de La Habana, a los treinta y un días del mes de octubre de 2011.
María Esther Reus González
Ministra de Justicia
Fuente:
http://cafefuerte.com/2011/11/03/documentos-decreto-ley-288-y-resoluciones-para-la-compraventa-de-casas-en-cuba/

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Luto en La Habana: 11 jóvenes desaparecidos en el mar


 Balseros cubanos**


Por ANGEL SANTIESTEBAN PRATS*
- Las madres de la barriada de Luyanó lloran a sus hijos. Una vez más esta escena se repite, y no por ello debe pasar desapercibida. Hoy se cumplen veinte días de que once jóvenes del barrio se lanzaron al mar con el sueño de llegar a Miami. Once sueños quedan truncos. Once madres sufridas claman porque sus dioses les devuelvan a sus hijos.
Sus esposas, hermanos y demás familiares llevan casi tres semanas sorteando la posibilidad de enfrentar la muerte, una realidad que postergan con llamadas a los familiares y amigos que están en la Florida, y que se encargan de indagar en Emigración si se encuentran en el territorio norteamericano.
La respuesta hasta ahora ha sido negativa. No se hallan en el centro de retención ni en el barco madre que los recibe en altamar para luego devolverlos a Cuba. Sólo se ha podido saber que esa noche las olas alcanzaron los diez metros de altura, que una llamada a las embarcaciones de rescate fue hecha después de haber avistado una balsa entre las embravecidas olas, y que otra balsa con jóvenes del municipio de Alamar fue rescatada.
Los Guardafronteras de Cuba también han negado tenerlos en su poder. Y los familiares, avistando que las posibilidades se agotan, han comenzado a llorar sus muertos. Aún queda una posibilidad de encontrarse en Bahamas. Todos ruegan porque esa luz ínfima, allá al final del horizonte, germine como un sol y vuelva a alumbrar sus vidas.
–¿A quién guardarle el rencor? –indaga un hermano–. ¿Ellos son culpables por huirle al hastío, ver cómo la juventud pasa sin lograr un ápice de vida decorosa?
Se pasa la mano por la cara para quitarse varias lágrimas.
–Mi hermano es ingeniero –hace un acto y aprieta los ojos–, o era… y haber terminado los estudios no le significó nada. Yo, trabajador de un agromercado era quien lo mantenía a duras penas. Se avergonzaba de que le comprara los zapatos a su hijo a principio de curso.
No le respondo. Es una historia que todos conocemos muy bien. Ha sido cincelada en la frente de cada cubano.
–¿Quién es el culpable, el Comandante Fidel Castro por darnos una revolución tan miserable o el Presidente Obama, unido a sus antecesores, por no corregir una historia decadente que ha tenido lugar frente a sus narices?
Levanto los hombros y miro a la costa. Prefiero imaginar a esos amigos y vecinos que hemos visto crecer a puro esfuerzo de sus padres, y ahora, como un soplo apaga once vidas y priva a sus familias de la felicidad, quizá por el resto de sus existencias.
Mientras debatimos quiénes tienen la culpa o gastamos el gris del mar que hoy rodea el archipiélago cubano, preparo las palabras para una anciana que desea saber la verdad del lugar donde se encuentra su nieto, y su familia me ha pedido que sirva de ave negra y le haga saber la fatal noticia.
Yo prefiero recordarlos riendo en alguna celda de las Bahamas, en el fondo del mar o a los pies de Dios. Pero me aferro a sus risas que dejaron en las esquinas del barrio, y que contagian, me llenan de optimismo, porque son once ángeles que están inclinados ante el Creador agradeciéndoles el llamado, y esperando la oportunidad de clamar ayuda por los que dejaron dentro de estas islas llenas de jóvenes que también, se debaten entre la miseria y jugarse la vida en altamar.
Una generación que cada vez más se gana el nombre de “los hijos que nadie quiso”.

* Escritor residente en La Habana. una de las más prominentes voces de la literatura cubana actual. Su libro de cuentos Dichosos los que lloran ganó el premio Casa de las Américas en el 2006. Es autor del blog Los hijos que nadie quiso. Actualmente enfrenta un proceso legal, con petición de 15 años de cárcel.

Fuente:( imagen incluida)

¡Feliz Chavidad!

¿Qué se esconde detrás de tanta bonanza?

Respuesta: La reelección

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«¡Feliz Chavidad!» proclama el ministro de Información al anunciar la aprobación de la generosa extra.

Día 01/11/2011 - 20.18h
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aprobó la bonificación navideña que recibirán los funcionarios civiles y militares, según informó el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, que por ello anunció la «chavidad».
«¡Llegó la Chavidad! Decreto de pago de bonificaciones de fin de año» ya fue definido por el gobernante: «entonces feliz chavidad a todos», escribió el ministro en su cuenta de Twitter, al aludir al decreto publicado hoy en la Gaceta Oficial, según informa Efe.
La bonificación consiste en el pago equivalente al salario de noventa días vigente el pasado 31 de octubre para los trabajadores del sector público en servicio activo, pensionados y jubilados, civiles y militares, reza el decreto presidencial. Dos tercios de la bonificación debe ser pagada antes del 15 de noviembre y el tercio restante el 1 de diciembre.
Con esta paga extraordinaria se busca «asegurar los niveles de bienestar y prosperidad» de quienes trabajen o sean jubilados de la administración o las Fuerzas Armadas, precisa el decreto.
La bonificación de fin de año en el sector privado, acordada por lo general en convenios colectivos, fluctúa entre el equivalente al salario individual correspondiente a entre 15 y 180 días.

martes, 1 de noviembre de 2011

Cuba, un país diferente.

Temor en Cuba a poner en orden compras ilegales de coches

Cuba es un país diferente, es el país de los absurdos más increíbles y de las violaciones y delitos más fantasiosos que puedan existir en todo el orbe. Un buen ejemplo de esto es todo lo relacionado con la compra venta de vehículos automotrices desde 1959 hasta nuestros días.

Las nuevas leyes recién aprobadas (puestas en vigor en estos días) relacionadas con la compra - venta de carros en Cuba, son un buen ejemplo de la absurda cotidianidad cubana. Esas nuevas leyes reflejan en sí mismas una nebulosa cortina sobre las supuestas buenas intenciones de los cambios bajo el raulismo. Cambios que, desde luego, solo entretienen a los ilusos cubanos (y extranjeros) que siguen creyendo aquello de "Ahora sí vamos a construir el socialismo, ahora sí todo cambiará, porque con Raúl, todo es diferente".

Absurdos y más absurdos de la vida cotidiana. Un gobierno que hace lo que le da la gana y un pueblo carnero que desconoce sus derechos como seres humanos, o por lo menos permite que se violen hasta en cosas tan elementales como esta de poseer legalmente un carro viejo comprado con dinero propio.

Todo aquel que compró ilegalmente cualquier tipo de vehículo, ahora al tratar de legalizarlo tendrá que rendir cuentas de a quién, cuándo, con qué y cómo lo compró. Buena trampa tendida por el raulismo y sus acólitos defensores que aplauden desaforadamente las nuevas medidas de control. Buena trampa para cazar intrépidos, irreverentes y arriesgados que alguna vez actuaron en contra de lo legalmente establecido.

Entiéndame, el lector, que no defiendo el mercado negro, lo que trato de señalar, entre otras, es que nunca debió existir esa ley absurda que prohibía la compra venta de carros entre ciudadanos particulares, ya que la misma impedía legalmente  a los dueños legítimos de cualquier tipo de vehículo en Cuba, disponer de ellos libremente y venderlos cuando mejor lo entendieran a quienes quisieran comprarlo. Por esa ley absurda y violadora de los derechos humanos, el Estado cubano, durante más de medio siglo ha sido el único comprador y vendedor de vehículos nuevos o de uso, a través de sus instituciones  estatales.

A través de esas instituciones, por decreto y asignación, durante algún tiempo, el Estado Cubano "vendió" a determinados deportistas destacados , artistas cubanos  famosos, residentes en Cuba y fieles al régimen, asi como a profesionales y trabajadores vanguardias nacionales, algunos autos procedentes fundamentalmente del extinto campo socialista de Europa del Este. Los seleccionados, los escogidos por sus "méritos" laborales, sus funciones y sobre todo por su aval de fidelidad a la revolución, podían comprar el carro que se les había asignado, pagándolo con su dinero, pero no podían disponer de ellos libremente ya que no podían venderlos ni regalarlos a otras personas. En la práctica no eran dueños del vehículo comprado a tan alto precio. Y peor aún, los dueños de vehículos comprados antes de 1959, tampoco podían libremente disponer de ellos, no podían venderlos ni traspasar la propiedad a sus herederos o a quienes estimaran pertinentes. Como las leyes absurdas nadie las cumple, el mercado negro se encargó de violarlas.

Aplaudo que hayan quitado esa ley absurda, pero ¿Cómo y bajo qué circunstancias se legalizarán esas compra- ventas practicadas ilegalmente por más de medio siglo, si la gran mayoría de esas transacciones realizadas entre ciudadanos carecen de documentos legales que las avalen?

Los implicados que posean algún tipo de vehículo para uso personal o comercial, tendrán que declarar con qué, cómo, cuándo y a quien le compraron el carro, almendrón, camión o motocicleta, que ahora tienen, y reconocer públicamente que, como no fue directamente asignado y autorizada su tenencia y uso por el estado cubano, ha estado violando hasta este momento las leyes existentes anteriormente.

Tremenda complicación, sobre todo porque saldrán a la luz ante funcionarios estatales, notarios públicos, etc., los delitos cometidos por el que vendió y por el que compró ilegalmente. Delitos que probablemente serán perdonados de acuerdo con el nivel de compromiso que cada uno de ellos tenga con el gobierno, de acuerdo con sus niveles de fidelidad al castro comunismo y de la fiabilidad demostrada ante los agentes de la seguridad del estado de su localidad.

En un país donde impera la corrupción a todos los niveles, se puede esperar cualquier cosa, desde la distorsión de los hechos hasta la extorsión de "los culpables" por esos funcionarios  encargados de legalizar la propiedad y por los segurosos encargados de aprobarla.

Todo esto sin obviar que se mantienen las restriciones para la compra de  vehículos nuevos. No todo el que quiera y tenga  dólares, podrá comprar uno de esos nuevos autos que se están vendiendo en Cuba  a través de las agencias extranjeras radicadas en el país como socios del Estado Socio Capitalista Cubano. La venta es restringida. Sólo los que cumplan ciertas requisitos,  podrán comprarlos.

Esperanza E Serrano.

Más sobre este tema en:

-temor-cuba-poner-orden-

Fragmentos del artículo publicado en  http://abc.es/

 Temor en Cuba a poner en orden compra ilegales de coches

Se cumple un mes de la legalización de la compraventa de vehículos entre particulares sin que se conozcan cifras oficiales de las transacciones.

La legalización de la compraventa de vehículos entre particularesen Cuba cumple este martes un mes sin que se conozcan de momento cifras oficiales de las transacciones realizadas y con dificultades para algunos cubanos que no pueden o no se atreven a poner en orden antiguas compras ilegales.
El decreto del presidente cubano, Raúl Castro, que entró en vigor el 1 de octubre eliminó décadas de prohibición o restricciones en la transacción de automóviles, al autorizar su donación y compraventa entre cubanos y extranjeros residentes en el país y flexibilizar los traspasos de propiedad para quienes abandonan la isla con carácter definitivo.
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Abundan los «Almendrones»

El parque automotor privado de la isla se calcula en unos 300.000 vehículos, entre los que abundan los estadounidenses fabricados antes de 1959 y conocidos popularmente como «almendrones», y los procedentes del antiguo bloque socialista.
Hasta ahora, los cubanos realizaban las transacciones de coches soviéticos o de fabricación más moderna ilegalmente y mediante «pactos de confianza» en los que el comprador pagaba por el automóvil sin que su nombre pudiera aparecer en la propiedad.

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Siguen las restricciones

La restricción para que los cubanos compren coches nuevos se mantiene y el Gobierno sigue controlando esas adquisiciones mediante un permiso que otorga el Ministerio de Transporte a ciudadanos específicos.
Ese beneficio sólo se contempla para quienes hayan obtenido ingresos en divisas o pesos convertibles «como resultado de su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de este».